La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M

LA CUPULA DE LA POLICIA CIENTIFICA CAMINO DEL BANQUILLO
DIEZ DÍAS PARA ALEGACIONES
La juez acusa a los mandos de los peritos de dos delitos por el informe ETA/11-M

MARIA PERAL

MADRID.- El máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y tres de sus subordinados -Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez- han sido imputados por parte de la juez Gemma Gallego por la manipulación de un informe pericial relativo al sumario del 11-M en el que se mencionaba a ETA.

La juez considera que existen indicios suficientes para que los cuatro mandos policiales se sienten en el banquillo por presuntos delitos de falsedad documental y/o falso testimonio. En el caso de Santano, y de forma subsidiaria a la autoría, aprecia un presunto encubrimiento del delito de sus inferiores.

Gallego, cuya decisión es recurrible, da 10 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o pidan el archivo. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo anunciaron ayer que instarán la celebración del juicio contra los cuatro imputados.

Tras una rápida investigación, que ha durado tan sólo 45 días, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha declarado concluida la tramitación de las diligencias previas que inició tras la presentación de una querella por parte de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La querella fue interpuesta después de que EL MUNDO revelara que mandos de la Comisaría General de Policía Científica alteraron un informe pericial sobre el ácido bórico intervenido en casa de Hasan Haski, procesado como inductor de los ataques del 11-M.

La finalidad principal de la alteración era que al sumario de la Audiencia Nacional no llegara un dictamen en el que aparecía la palabra ETA. Los peritos autores del informe incluyeron unas observaciones en las que daban cuenta de los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección por perros entrenados, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

Tras el interrogatorio de los facultativos autores del informe como testigos y de los mandos policiales implicados, y después de recabar diversas pruebas documentales, Gallego ha dictado una resolución en la que, además de dar por concluida la instrucción, se pronuncia sobre las opciones que indica la ley para estos supuestos: archivar las diligencias, si aprecia que no hay delito o que no hay autor conocido; enviarlo al juez competente si estima que se ha producido no un delito, sino una falta, o abrir la fase de preparación del juicio oral si considera que existen indicios de delito.

Indicios

Esto último es lo que ha sucedido en este caso. La juez estima que hay indicios para que se sienten en el banquillo el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe del laboratorio químico-toxicológico, Francisco Ramírez.

Gallego aprecia un posible delito de falsedad documental (castigado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial) y/o un delito de falso testimonio, que castiga con multa y suspensión al perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con inexactitudes o silenciando hechos relevantes.

La juez ve indicios de que los cuatro imputados pueden ser autores de la infracción penal. Pero en el caso de Santano deja la puerta abierta a que, en lugar de autor, sea encubridor de lo que presuntamente hicieron sus subordinados.

El relato indiciario que la juez plasma en la resolución señala que el 14 de marzo de 2005 tuvo entrada en la Comisaría General de Policía Científica un oficio de la Comisaría General de Información solicitando «se realice estudio, análisis e informe pericial» sobre las muestras de una sustancia intervenida en el domicilio de Hasan Haski.

Añade que, «elaborado el informe solicitado por los peritos del laboratorio químico, los facultativos Escribano y López y el técnico Manrique, tras analizar la sustancia, incluyeron en el informe unas 'observaciones' en las que se hacía una relación de otros informes periciales en los que había sido encontrada idéntica sustancia, y se cuestionaba la posible vinculación de aquéllos en cuyo poder se había intervenido».

La juez afirma que Ramírez, Mélida y Santano «consideraron inconveniente que constaran esas observaciones», por lo que el primero de ellos, «que seguía las indicaciones de sus superiores, requirió a los peritos para que las suprimieran».

Como Escribano, López y Manrique no quisieron cambiar su informe, Ramírez, «con conocimiento y anuencia de los otros imputados», alteró el documento de los tres peritos.

La resolución detalla la manipulación del dictamen: «Para que no constara en el informe ninguna de tales observaciones, [Ramírez] alteró el objeto de la petición de la Comisaría requirente, sustituyendo lo que se había pedido por 'análisis de muestras'; suprimió que los peritos 'se hicieron cargo de lo recibido', atribuyéndose él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas; eliminó la mención de los peritos autores del informe, así como tres de las técnicas que habían practicado aquéllos; [y] suprimió íntegramente las 'observaciones' del informe».

El dictamen así manipulado y firmado por Ramírez fue enviado por Andradas a la Comisaría General de Información, que lo elevó al juez Del Olmo, quedando incorporado al sumario del 11-M.

La juez da un plazo de 10 días al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento y archivo de la causa. De manera excepcional pueden solicitar diligencias complementarias, aunque durante la fase de instrucción ni acusaciones ni defensas han instado pruebas. Tampoco lo han hecho el fiscal o la Abogacía del Estado.

El letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M José María de Pablo anunció ayer que formulará acusación contra los cuatro mandos policiales y pedirá la apertura del juicio oral. En idéntico sentido se pronunció Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

La Fiscalía, por su parte, estudiará la posibilidad de recurrir la imputación de, al menos, Santano, Mélida y Andradas.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048821.html

Editorial: LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO

EDITORIALES DEL DÍA
LA JUEZ ESCLARECE LOS HECHOS, LA CUPULA POLICIAL, AL BANQUILLO

Un mes después de que Garzón intentara cerrar el caso con un absurdo auto de exculpación de los mandos policiales, la juez Gemma Gallego dictó ayer una resolución en la que acusa de delitos de falsedad documental y falso testimonio a Francisco Ramírez, jefe del laboratorio químico de la Policía Científica; a su inmediato superior, José Andradas; a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica; y a Miguel Angel Santano, comisario general. A éste le imputa un delito de encubrimiento en el supuesto de que fuera exonerado de los anteriores.

Técnicamente, lo que la juez Gallego hizo ayer fue dictar un auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que implica que, si la acusación particular lo solicita en el plazo de 10 días -y sin duda lo hará-, estos cuatro mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo para responder de esos delitos.
En su escrito, la juez considera probado que Francisco Ramírez decidió cambiar el informe realizado por los tres peritos a instancias de sus superiores, que querían eliminar cualquier nexo entre el ácido bórico incautado a un terrorista islamista y la utilización de esta sustancia por ETA.

La juez refleja que los peritos se negaron a cambiar su informe, realizado en marzo de 2005, y que Ramírez decidió modificarlo «con conocimiento y anuencia de los otros imputados». Para ello, según el auto, «alteró el objeto» del análisis solicitado, ocultó el hecho de que él no había recibido las muestras ni efectuado las pruebas y eliminó la mención a sus verdaderos autores, sustituyendo el informe de los peritos por otro que seguía las indicaciones de sus jefes.

La narración que hace la juez de lo que sucedió coincide punto por punto con la información publicada por EL MUNDO, que siempre sostuvo que se trataba de una falsedad ordenada por los mandos de la Policía Científica para evitar esa referencia a ETA que constaba en el informe de los peritos. Éstos quedaron exculpados por la juez, que dictó un auto en el que les levantaba la imputación de Garzón al no apreciar delito alguno en su conducta.
La impecable reconstrucción de los hechos que hace la juez Gallego pone en evidencia la parcialidad de las actuaciones de Garzón, que, a pesar de carecer de competencias, intentó exculpar a los responsables de la manipulación y criminalizar a unos peritos que se habían limitado a realizar un trabajo profesional, ajustándose el encargo de sus jefes.

Pero también medios como El País y ABC fueron cómplices entusiastas en esta labor de intoxicación, en la que no vacilaron en engañar a sus lectores. Todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones.

El auto de ayer aboca prácticamente a los cuatro mandos de Interior a sentarse en el banquillo. Será la Justicia quien tenga la última palabra sobre sus responsabilidades penales, pero, al margen de ese veredicto, los hechos han quedado ya muy claros.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2048840.html

Unos policías «tramposos», «falsarios» y «desmemoriados»

11-M / La campaña de desprestigio
Unos policías «tramposos», «falsarios» y «desmemoriados»


Mientras los tres peritos eran vilipendiados mediáticamente, sus superiores, ahora imputados, incluso recibieron elogios

EL MUNDO

MADRID. - El pasado 21 de septiembre, EL MUNDO destapó que un informe de la Policía Científica entregado al juez Juan Del Olmo había sido falsificado para eliminar las referencias que vinculaban a ETA con el 11-M. Desde entonces, ABC y El País, apoyados en las iniciativas del juez Baltasar Garzón, han unido esfuerzos para desvirtuar esa información, que compromete la estrategia política del Gobierno socialista.

Ambos medios, en el pasado antagónicos, han encontrado un punto de encuentro: la estrategia consistió, primero, en desviar la atención del lector, ridiculizando la peligrosidad del elemento que relaciona a ETA con el 11-M -el ácido bórico-; después, en vituperar y desprestigiar a los peritos que habían elaborado el informe, exaltando las actuaciones del juez Baltasar Garzón. La decisión de la juez Gemma Gallego de exculpar a los técnicos e imputar a sus cuatro superiores desacredita el tratamiento dado al caso por ambos diarios, a los que en ocasiones se ha sumado algún dirigente político, y suscita serios interrogantes sobre la insólita actuación de Garzón.

La «total corrección» de los superiores.

Al día siguiente de la exclusiva de EL MUNDO, ya aparecieron dos consignas que ABC y El País han repetido insistentemente: el ácido bórico es un insecticida que «sirve para matar cucarachas» y el informe elaborado por los peritos no es más que un «borrador».

Aquel 22 de septiembre, el diario de Prisa presentaba la información bajo un titular pretendidamente satírico: «De la Orquesta Mondragón al insecticida terrorista», que se burlaba, de paso, de toda la labor de investigación sobre el 11-M que lleva a cabo EL MUNDO.

El periódico de Vocento iba más allá. En un editorial deducía que, ya entonces, «parece evidente» que «no existió falsificación alguna pues el primer informe fue un borrador» y que «el superior jerárquico que envió el dictamen oficial (sic) al Juzgado de Instrucción actuó con total corrección».

Peritos «tramposos» y «falsarios».

ABC y El País celebraron como una victoria propia la decisión del juez Garzón de imputar a los tres peritos el 29 de septiembre. Ambos rotativos abrieron sus ediciones del día 30 con la noticia. Los titulares de portada eran curiosamente coincidentes. Para el diario de Vocento, «Los tres peritos que relacionaron el 11-M y ETA falsearon el documento»; para el de Prisa, «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M». Ni sombra de duda.

Además, el periódico de Jesús Polanco presentaba la información en páginas interiores bajo el titular: «Garzón imputa a tres peritos que reconocen haber falseado el informe que vincula a ETA con el 11-M», argumento incierto en el que se reafirmaba en el cuerpo de la noticia.

ABC y El País titularon aquel día sendos editoriales «Los falsarios del 11-M» y «Los tramposos», respectivamente. Para el primero, el auto de Garzón «desmonta la veracidad de la información de EL MUNDO».

No dieron la misma importancia a la decisión de la juez Gemma Gallego de anular la imputación de Garzón a los peritos. El 7 de noviembre, El País le dedicó media columna en la página 23. ABC no fue tan lejos: le dio tres en la página 15.

López Garrido y los instigadores.

En plena euforia por el auto de Garzón, el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, se mostró ese mismo 30 de septiembre «convencido» de que el Poder Judicial «va a descubrir quiénes han instigado a tres peritos a falsificar un documento».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de acertada la decisión de Garzón e insinuó la existencia de «una trama de la derecha».

Al día siguiente, el propio Zapatero habló de una «derecha extrema» atrapada en «falsedades».

Una conspiración al servicio de la 'teoría de la conspiración'.

El periodista de El País Ernesto Ekaizer denunció en dos artículos -el 30 de septiembre y el 11 de octubre- una auténtica conspiración de «diferentes organizaciones afines al PP» para «deslegitimar el juicio del 11-M». Expuso como una «evidencia» que los peritos habían «fabricado una prueba falsa». Cinco días después de que la juez los haya exculpado, Ekaizer aún no ha rectificado.

Escribano «confiesa» y «admite» una «elucubración».

Los dos diarios recogieron en exclusiva el día 1 de octubre las declaraciones de los peritos ante Garzón. El jefe de los técnicos, Manuel Escribano, se refirió al vínculo que él establece entre ETA y el 11-M como una «elucubración», lo que para El País equivale a una confesión. ABC fue más moderado: Escribano «admite ante el juez» la elucubración.

Aquel día, el diario de Prisa ofreció otra primicia: «Garzón investiga si el informe del ácido bórico fue falseado por encargo», pero no identifica a la fuente.

«Dos policías desmemoriados».

El País insistió el 5 de octubre en la estrategia de centrar la atención del lector en el ácido bórico. El periódico de Polanco mostraba un informe firmado por dos de los peritos en los que niegan que esa sustancia tuviese relación con explosivos. Y al pie del documento, una conclusión clara: «Dos policías desmemoriados».

«La juez del bórico».

ABC se refería a la juez Gemma Gallego, en un titular del 20 de octubre, como «La juez del bórico», con evidente ánimo despectivo. Las críticas que recibió el diario de Vocento desde algunos medios encontraron una pronta respuesta: cuatro días después, lo volvió a hacer.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048854.html

El trabajo sucio

LA TRASTIENDA
El trabajo sucio
ISABEL SAN SEBASTIAN

Zapatero quiere culminar su proceso rindiendo el Estado de Derecho a ETA sin salpicarse. Intenta que sean otros quienes se manchen las manos con el barro ensangrentado de la claudicación, a fin de acaparar toda la gloria de la paz dejando en el debe ajeno el coste de la indignidad. Empuja a jueces y fiscales a llevar a cabo el trabajo sucio que sólo a él compete, con la pretensión de salir de este penoso trance limpio como una patena. Promete una cosa y la contraria según quien sea el interlocutor, alimenta esperanzas contrapuestas, prodiga mensajes ambiguos esperando ganar tiempo, y confía en su baraka para que la Providencia acuda en su auxilio... Pero la suerte y los plazos se le acaban, sin que su estrategia parezca dar resultados. Más pronto que tarde va a tener que elegir bando y pagar el correspondiente precio.

Por mucho que les presionen, por mucho que les insulten desde las filas del PSE, del nacionalismo que nunca ha sido realmente democrático, o de los medios de comunicación afines al Gobierno, que son abrumadora mayoría, tanto jueces como fiscales (no todos, pero sí una proporción considerable) se aferran al cumplimiento de la Ley que han jurado servir. Aplicar la legislación vigente es su labor, y la cumplen con escrupulosa conciencia, sean cuales sean las circunstancias políticas del momento. ¡Faltaría más! ¿Qué sería de nosotros si el Código Penal fuese interpretable en función de las creencias y opiniones de los togados? ¿Qué quedaría de las garantías que asisten al justiciable en un país que se respete?

Si realmente el presidente estima que De Juana Chaos es un partidario activo del proceso de paz; si cree que su liberación puede contribuir a que ETA entregue las armas, que le indulte con todas las consecuencias. Es prerrogativa suya hacer uso de ese derecho de gracia, con ese o cualquier otro asesino múltiple, y explicárselo luego a la ciudadanía. También depende de su voluntad derogar la Ley de Partidos para abrir a Batasuna las puertas de la legalidad, sin exigirle una condena de la violencia; reconocer públicamente que Navarra será entregada a la Euskal Herria de Otegi si el Partido Socialista gana las elecciones autonómicas, e iniciar las gestiones con Francia para instar a su gobierno a reconocer el derecho de autodeterminación de las dos provincias galas que reclaman los etarras.

Que se moje. Que se pringue. Que tenga la valentía de asumir personalmente las consecuencias de sus apuestas. Pero que deje de arrojar sobre otros el fango que sus polvos provocan, porque si todo se va a pique y la sangre vuelve a correr, la culpa será sólo suya.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2048833.html

El Partido Popular denuncia la «instrumentalización» de la Policía

El Partido Popular denuncia la «instrumentalización» de la Policía

F. L.
MADRID.- «Mantenemos nuestra plena confianza en la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de la Justicia. Pero cada vez tenemos más sospechas de la instrumentalización política por parte del PSOE de los efectivos policiales». El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, mostró ayer su preocupación tras el auto de la juez Gallego «porque éste no es el primer caso en que mandos policiales resultan imputados o, incluso, condenados, en casos en que se ha puesto de manifiesto una conducta delictiva por parte de agentes policiales».

Cosidó adelantó que su formación exigirá responsabilidades políticas por este caso. Y lanzó una voz de alarma ante lo que considera una instrumentación política de la policía. Recordó la condena a los policías del 'caso Bono' por detención ilegal a militantes del Partido Popular, el chivatazo presuntamente cometido por policías a la organización terrorista ETA y ahora el caso de la manipulación de informes en el 11-M. «Se pone de manifiesto una intencionalidad política en la actuación policial que es achacable al Gobierno», finalizó. Desde el Partido Socialista se dejó claro el máximo respeto a la decisión de la juez Gallego al igual que se tuvo con las resoluciones adoptadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre este mismo caso. El PSOE no quiso entrar en más valoraciones sobre el fondo del escrito judicial.

Las asociaciones de víctimas mostraron su satisfacción por el auto en el que lleva a juicio a cuatro mandos policiales por, presuntamente, alterar un informe en el que se relacionaba a ETA con la matanza de Madrid.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, indicó que se ha demostrado que «hay gente que ha querido ocultar informes que relacionaban a ETA. Se ha destapado que existía una voluntad de tapar todo lo que tuviera relación con ETA».Desde la Asociación de Ayuda las Víctimas del 11-M, su abogado, José María De Pablo, aseguró: «Se estaba realizando una clara obstaculización de las investigaciones y ahora se ha marcado quiénes eran los presuntos autores de estos entorpecimientos».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048852.html

Zapatero pierde a su 'hombre de paz'

TRIBUNA LIBRE
TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL

Zapatero pierde a su 'hombre de paz'

Si alguien aún albergaba algunas dudas sobre la legitimidad de este humillante proceso de paz al que asisitimos los españoles como convidados de piedra, las últimas declaraciones del señor Zapatero las habrán disipado. Se dice que, conversando amistosamente con varios periodistas, el presidente del Gobierno resaltó la coherencia que el terrorista Ignacio De Juana Chaos -culpable de 25 asesinatos- demostró mientras era juzgado, al afirmar que sus palabras no eran amenazas, sino «crítica política», lo que venía a confirmar sus informaciones acerca de los sentimientos del multiple asesino.

Las palabras textuales del presidente, formales o informales, fueron: «De Juana Chaos está a favor del proceso de paz». Desconozco si quienes las han escuchado han sentido mi misma vergüenza; aunque, claro, yo, al ser víctima directa, según los que tratan con ETA, he dejado de ser una persona juiciosa para convertirme en una ser irracional. Confrontaré mi opinión con la de aquellos que no han sido perjudicados directamente, aunque sospecho que su indignación habrá igualado a la mía, ya que la moral no tiene nada que ver con el dolor.

No hace falta haber perdido a un ser querido para sentir desprecio por alguien que se atreve a justificar la conducta de uno de los más sanginarios criminales que hemos conocido en España.La inteligencia o la prudencia, ya que la decencia no parece inspirar sus acciones, deberían recordarle a Zapatero que alguien que lleva sobre sus espaldas el peso de tantos muertos no es el más indicado para tirar del carro de la paz. Yo jamás llegué a unirme a esa falsa caravana de oportunistas, pero si lo hubiera hecho, bien sabe Dios que con sólo ver a Ignacio de Juana Chaos acompañando a la comitiva hubiera echado a correr, maldiciendo el día en el que creí en un gobernante que había conseguido convertir una palabra tan valiosa como paz en algo carente de significado, o peor aún, que había utilizado la imagen de la paloma blanca para defender algo tan indigno como una traición.

Presidente, sus fuentes le aseguran que este terrorista -que seguirá pagando sus culpas algunos años más-, está a favor de salir del conflicto. No hace falta tener muchas luces para saber que de donde quiere salir este hombre es de la cárcel y que de lo que está a favor es de cualquier proceso que le permita hacerlo.Que no haya apuntado al fiscal gritándole que le va a meter siete tiros, o que no haya dado la espalda a los jueces entre risas compartidas con su compañera de asesinatos, no nos descubre a alguien mejor que Txapote o Bilbao, sino a un individuo que no está dispuesto a comerse el turrón entre rejas ni un año más.A pesar de las recomendaciones del jefe del Ejecutivo, los jueces no han sido lo suficientemente flexibles y la consecuencia inmediata será que Iñaki, el héroe no podrá brindar con champán ni por nuestros muertos, ni por la independencia de Euskal Herria. Sus seguidores deberán tener paciencia. Antes, solía hacerlo desde la cárcel, ahora prefiere ayunar, que es más efectivo.

Hace unos días, De Juana Chaos después de que el fiscal le preguntara si él pertenecía a ETA, respondió: «En 1985, sí». Yo quisiera refrescarle la memoria a este individuo. Cuando en 1998 asesinaron al matrimonio Jiménez-Becerril, seguía siendo de ETA. Como muestra, citaré algunas frases de la carta que escribió para celebrar la muerte de mi hermano y su mujer:

«En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia. (...) Me estoy tragando todas las noticias del ekintxa [atentado] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen... (...) Con esta acción ya he comido para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están empezando a recoger todo el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad...».

Entre otras referencias al dolor de mis sobrinos, que no deseo citar, termina diciendo: «¡VIVA ETA! ¡Dale que te pego hasta vencer!».

Era el 9 de marzo de 1998. Me consta que ha seguido no sólo celebrando las acciones de la banda terrorista, sino, lo que es más grave, amenazando y señalando objetivos, hasta que se iniciaron las actuales negociaciones. La nueva sentencia permite que quienes creemos en la Justicia sigamos creyendo, a pesar de que la espada de Damocles de los trucos legales pende sobre nuestras cabezas.Celebro que los jueces hayan mantenido su independencia frente a quienes pretendían disfrazar las inequívocas intenciones del etarra confundiendo la apología del terrorismo con pura crítica política para ajustarse a los objetivos del Gobierno.

Quisiera que los españoles supiesen quien es verdaderamente este aspirante a escritor que no necesita patear los cristales de la sala penal, ni amenazar publicamente a quien lo juzga, porque los inocentes a los que ha asesinado han marcado su cara para siempre y ni siquiera las dulces palabras del presidente de la nación a la que el terrorista tanto odia lograrán borrar el gesto que distingue a quienes desprecian la vida de los que no piensan como ellos. Y esta nueva huelga de hambre lo demuestra. No admite nuestras leyes. De ahí su nuevo desafío.

Comprendo que haya quien no quiera saber, quien desee que este proceso de no se sabe qué termine de una vez por todas. Aceleren señores negociadores; inventen un nombre para la independencia del País Vasco y una fórmula mágica para sacar a los presos etarras sin ser vistos, porque quienes creyeron en ustedes están empezando a quedarse sin argumentos para defender lo que muchos jamás defendimos.Olvídense del PP y de las víctimas, quienes desde el principio fuímos señalados como enemigos del bien común. En breve serán los que les dieron su confianza quienes, hojeando un periódico distinto al habitual, leerán lo que no querían leer, sintonizando por error una emisora, oirán lo que nunca hubieran querido oír, y en su televisor se colará una imagen que preferirían no haber visto.

Ese día, su odio al adversario político, su desprecio por un mundo que consideran injustamente heredero del franquismo y su deseo de pertenecer a ese progresismo global que les otorga una superioridad moral, no será suficiente para seguir aprobando un proyecto político que nació bajo el signo de la mezquindad y que, bajo el manto de la paz, cada día esconde una nueva inmoralidad.Y no quiero volver a oír «¿pero algo habrá que hacer?», si ese «que hacer» significa que es mejor ver a De Juana Chaos firmando libros en un centro comercial que verlo preso. Si ese «que hacer» quiere decir ignorar el rearme mediático de ETA. Si ese «que hacer» nos lleva a avalar el proyecto político de Batasuna en Europa. Si ese «que hacer» nos convierte en seres inmorales e injustos.

Invito a quien aún tenga los ojos cerrados a abrirlos, a afrontar lo que ve, a hablar sin complejos, sin temer ser tachado de derecha extrema, por reivindicar lo que yo reivindico. A tender la mano al adversario político, que siempre será menos peligroso que tendérsela al verdadero enemigo; ETA.

Haciendo esto ustedes, quienes leen estas líneas ahora, simplemente, estarán ejerciendo su libertad, no atacando al Gobierno como quieren hacerles creer. Son mi última esperanza, no vean en mí una herramienta en manos de nadie. Mi único faro es la Justicia y espero que su luz alcance a la mayoría de los españoles, en los que sigo creyendo.

Teresa Jiménez-Becerril es hermana de Alberto Jiménez-Becerril, concejal del Partido Popular en Sevilla, asesinado por ETA junto a su esposa en 1998.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2048778.html

Otegi ofrece acabar con la 'kale borroka' si terminan las «agresiones judiciales»

ALTO EL FUEGO / La posición de los radicales
Otegi ofrece acabar con la 'kale borroka' si terminan las «agresiones judiciales»

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Otegi volvió a afirmar ayer que ETA ya «ha dado muestras fehacientes» de su voluntad para «buscar una solución democrática al conflicto». Como prueba, aseguró que Batasuna ofreció al PSOE y al PNV «desactivar todas las expresiones de violencia» a condición de que ellos hicieran «lo mismo» con las «acciones judiciales y los controles de las fuerzas de ocupación» contra la izquierda abertzale. Sigue en Viene de primera página.

Según Otegi, quienes piden ahora que se verifique de nuevo la voluntad de ETA, sólo pretenden «alargar más en el tiempo» la búsqueda de soluciones.

El portavoz de Batasuna que el jueves urgió al Gobierno socialista a impulsar el proceso de paz si no quiere «volver a lo de siempre», negó ayer su responsabilidad en torno a los actos de kale borroka que azotan el País Vasco y Navarra pese al alto el fuego decretado por ETA, e insistió en el compromiso de la formación ilegalizada -según él, transmitido a socialistas y jeltzales- de «ir pueblo a pueblo a intentar que no exista la [violencia] que supuestamente nosotros organizamos, cosa que no es cierta».

Eso, que Batasuna hará «cuando quieran» PSOE y PNV, tiene un precio: que desde el Gobierno se «desactiven las acciones judiciales y los controles de las fuerzas de ocupación» y que se adopten medidas concretas en materia penitenciaria al tiempo que, desde el Gobierno vasco, se haga lo propio y se «desactive» a la Ertzaintza en cuanto a «seguimientos, informes y detenciones».

Otegi, que aseveró que la independencia del Poder Judicial «no se la cree nadie», exigió al Gobierno unas «garantías mínimas necesarias» sobre la actuación que tendrán los tribunales. Sin ellas, añadió, «la mesa de negociación» acabará convocándose «en Soto del Real».

Ésa será la «salida», apuntó Otegi en una entrevista en ETB, a la actual «crisis» que sufre el proceso de paz -consideró que la condena a José Ignacio de Juana Chaos ha supuesto «la última gota que rebasó el vaso»- en Euskadi; una «salida» que, según insistió, «pasa por un compromiso nítido, fundamentalmente entre las fuerzas políticas de este país, para acordar el método mediante el cual ponemos en marcha el diálogo multilateral y la agenda política».

En ese camino, Otegi apuntaló la voluntad de la izquierda abertzale de «ir hasta el final»; la misma voluntad «sincera», a su juicio, demostrada por ETA.

Otegi aseguró tener la convicción de que la banda terrorista «está haciendo una apuesta sincera por buscar una solución democrática al conflicto» y, a sus ojos, ha dado pruebas «fehacientes» de esta supuesta voluntad. Aludió a los tres años transcurridos sin víctimas mortales y a los siete meses de tregua permanente.

«Seguir intentando verificar cuál es la voluntad de ETA, busca más alargar en el tiempo el debate que otra cosa. La voluntad de ETA es manifiesta», sentenció.

No quiso comentar, sin embargo, qué lectura debe hacerse del robo de armas en Francia. Otegi se limitó a recordar la existencia de un alto el fuego y a apuntar que en esa estrategia emprendida por la banda terrorista están unidos «absolutamente» todos sus miembros.

Dijo también que lo que toca ahora es sacar el proceso de paz de la crisis que lo invade desde hace cinco meses y advirtió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el proceso «no pasa por verificar lo ya verificado, sino por respetar lo que dicen los ciudadanos vascos». Insistió en que «las raíces» de éste no pueden ser «técnicas» sino «políticas» y pasan por el debate sobre la territorialidad de Euskal Herria y la autodeterminación del pueblo vasco.

«Las raíces del conflicto político son el debate territorial y el sujeto de decisión, hay que hacerlo de forma acordada, pero hay quien cree que es posible un proceso sin un acuerdo sobre eso, y no es posible», apostilló.

Sus palabras podrían volverse en su contra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) anunció ayer una nueva querella contra Otegi por presentarse en esta entrevista como representante de un partido ilegalizado, así como por la rueda de prensa que concedió el jueves en San Sebastián.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048824.html

De jueces

ERASMO
De jueces

Piden que los jueces se coordinen con el Gobierno. Otra vez la Coordinación de Adolfo Hitler. No extrañará, tratándose de los ademanes neonazis de Otegi y demás. Ni de la formación nacionalista vasca que propuso a Hitler fundar en Euskadi una sucursal del Partido Nazi. Mas que Rodolfo Ares (PSOE) rescate adeénes fascistas (los del socialista Mussolini), suena imprudente. Ares: apócope de Arespacochaga.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2048837.html

Un grupo de encapuchados intenta prender fuego a un policía en Bilbao

Un grupo de encapuchados intenta prender fuego a un policía en Bilbao

R. SANMARTIN / M. MARRACO

SAN SEBASTIAN/MADRID.- Grupos de radicales protagonizaron ayer numerosos actos violentos en el centro de Bilbao, que se saldaron con dos detenidos tras atacar a un agente de la Policía Municipal sobre el que vertieron gasolina con la intención de prenderle fuego, y a un ertzaina, al que rociaron con un spray.

Los disturbios se originaron poco antes de las 19.00 horas cuando un centenar de jóvenes, convocados por la ilegalizada Segi, iniciaron una manifestación no autorizada desde el museo Guggenheim hasta la sede del PSE, donde les esperaban varias furgonetas de la Ertzaintza que procedió a cargar para disolverla. Los manifestantes se dispersaron entonces cruzando contenedores en su huida y lanzando piedras a los agentes que respondieron con pelotas de goma.

Los disturbios se trasladaron, apenas media hora después, al Casco Viejo de la capital vizcaína, donde los radicales, encapuchados, cruzaron contenedores y prendieron fuego a uno de ellos en la calle de Correo, al tiempo que atacaron con cócteles molotov y piedras dos sucursales del Banco Popular y La Caixa en la calle de Sombrerería.

Muy cerca, en la plaza de Unamuno, un agente de la Policía Municipal que participaba en el tradicional operativo contra el botellón que el Ayuntamiento dispone en la zona, era atacado por un grupo de encapuchados que le rociaron con gasolina, con la intención de prenderle fuego. La rápida intervención de otros agentes, así como de comerciantes de la zona, impidió a los radicales culminar su objetivo, aunque aún les dio tiempo para rociar con un spray a un ertzaina. Los hechos se saldaron con la detención de dos jóvenes.

Al mismo tiempo, en San Sebastián, la manifestación convocada por la ilegalizada Askatasuna en apoyo al preso etarra Iñaki de Juana Chaos, prohibida por el juez Baltasar Garzón, se celebró finalmente en la Parte Vieja de la ciudad. Tras toparse con la Ertzaintza, que les impidió marchar por el recorrido previsto, los dos centenares de congregados -entre ellos el miembro de Askatasuna Joxean Agirre- llevaron a cabo su protesta por un itinerario alternativo sin ser molestados.

Los participantes marcharon tras una pancarta con el lema No al chantaje al País Vasco. ¡Libertad para Ignacio! Durante el recorrido profirieron gritos como «Estado Español, Estado terrorista» o «Si ésta es vuestra paz, no la queremos». Concluyeron el acto cantando el Eusko Gudariak (himno al soldado vasco). Los incidentes en las dos capitales vascas se produjeron en un día en el que el Movimiento Pro Amnistía anunció una jornada de manifestaciones en todas las localidades vascas y navarras para el próximo jueves.

Además de la prohibición que afectó a Askatasuna, el juez Garzón dictó ayer otro auto en el que autorizó la marcha convocada para hoy en Bilbao bajo el lema Euskal Herria autodeterminación, al considerar que la ilegalizada Batasuna no está detrás de los convocantes. Askatasuna decidió sumarse al acto, por lo que el juez pidió a las Fuerzas de Seguridad que impidan la exhibición de carteles o símbolos de la organización.

Tanto en la prohibición como en la autorización, el juez ha seguido el criterio de la Fiscalía. Respecto a Askatasuna, el fiscal consideró que los informes policiales y las informaciones periodísticas reunían suficientes datos como para concluir que quien convocaba era Askatasuna. Respecto a Batasuna, el fiscal comunicó al juez que la manifestación «no incurre en desobediencia alguna» en relación al auto en el que la formación abertzale vio suspendidas sus actividades.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048857.html

'De facto', 'de iure' o de rositas

LA POLÉMICA NACIONAL QUEJAS DE QUE LA JUSTICIA TRABA EL PROCESO
'De facto', 'de iure' o de rositas

VICTOR DE LA SERNA

El Gobierno, el Partido Socialista de Euskadi y el entramado ETA/Batasuna se muestran más que irritados porque los tribunales, con sus sentencias, «dificultan el proceso».

Cuando menos se podía esperar, y para gran sorpresa del delegado del Gobierno en la Justicia -léase el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido-, los tribunales han seguido emitiendo sentencias en los casos relacionados con ETA, y parece que, en particular, la condena a 12 años por amenazas terroristas a De Juana Chaos ha caído como una bomba en medios del Gobierno, del nacionalismo vasco y de ETA. Arnaldo Otegi convocaba a la prensa para decirle que el proceso de paz es «imposible» con esa condena, y Rodríguez Zapatero ha criticado de forma apenas encubierta las sentencias que «dificultan el proceso».

Dentro de su campaña de advertencias al jefe del Gobierno, El País dedicaba el miércoles un breve comentario a la nueva condena del asesino etarra. «No puede decirse que sea injusta», concluía, sin dar el paso de sumarse a las indirectas.

A regañadientes, otro editorial de El País, tras reprochar al PP su «simplificación demagógica» de la postura del Gobierno frente a ETA, reconocía: «Refutar las simplificaciones de la oposición no dispensa al Gobierno de dar explicaciones ante hechos que no confirman la voluntad de abandono de las armas». Eso sí, a este periódico le basta con que Zapatero haya asegurado que «no dará ningún paso» en el proceso hasta que se acredite la «voluntad inequívoca de la banda de dejar las armas», para concluir que ya están dadas las explicaciones. Curioso... ¿No le habíamos oído lo mismo al presidente otras varias veces, y de hecho nunca se han interrumpido los contactos?

La cosa podría no ser tan difícil, claro. Zapatero podría perfectamente promover una suspensión o un cambio de las leyes penales actuales para que se deje en paz o se suelte a los asesinos de ETA. Así se lo recuerda un editorial de ABC: «Si Zapatero quiere que los etarras reciban un trato favorable de la Justicia, que asuma su responsabilidad y lleve al Congreso las reformas que lo hagan posible, como se ha hecho en Colombia o en Gran Bretaña. Esconderse tras los jueces y utilizarlos de excusa frente a ETA sólo demuestra la precariedad del Gobierno en el proceso de diálogo con los terroristas.».

José Luis Requero, portavoz del Consejo del Poder Judicial, se mostraba en los micrófonos de la Cope de acuerdo con que ésa es la solución para Zapatero, añadiendo: «No parece probable que lo haga, porque el precio político sería muy grande». Es la habitual táctica de Zapatero: no entra de lleno en los conflictos, espera a que otros le saquen las castañas del fuego y así evita el desgaste y sale de rositas del envite. Tira la piedra y esconde la mano. Pero no siempre funciona. Su ensoñación de una tregua de facto de la Justicia choca con la realidad de iure. Los jueces hacen cumplir la ley y no pueden cerrar los ojos sin traicionar su cometido y su deber. Si el presidente quiere sacar a los etarras de la cárcel, que se manche las manos, como sin duda le aconsejaría su admirado Jean-Paul Sartre...

Tomás Cuesta, en La Razón, se refiere a Sadam Husein -pero igual valdría para De Juana- cuando cita al olvidado escritor decimonónico Alphonse Karr: «Si se quiere abolir la pena capital, que los señores asesinos comiencen». Claro que aquí esos señores no quieren penas ni de 12 años ni de uno...

http://www.elmundo.es/diario/espana/2048861.html

Editorial: Un «proceso» contra el Estado

Un «proceso» contra el Estado

EL presidente del Gobierno ha afirmado que no dará pasos en el «proceso de paz» con ETA mientras la banda no acredite su voluntad inequívoca de dejar las armas. Hace siete meses, esta declaración de Rodríguez Zapatero habría merecido el reconocimiento general, sobre todo porque habría puesto a los terroristas el listón tan alto como merecen. Sin embargo, actualmente es una frase, hueca, que choca con la realidad y demuestra el grado de improvisación que rige la actuación del Ejecutivo. El problema que hoy tiene la sociedad española es, precisamente, que el Gobierno no da paso alguno contra ETA a pesar de que ETA ni se desarma ni se disuelve. Por el contrario, se han dados pasos, y muchos, en sentido opuesto y el reproche que merece el Gobierno es haber tomado decisiones, impulsado iniciativas y lanzado mensajes como si ETA ya hubiera renunciado definitivamente a la violencia. Fue el Gobierno, y sólo él, el que anunció haber verificado que el alto el fuego de ETA era completo y por eso Zapatero acudió el 29 de junio a un salón del Congreso para anunciar el diálogo con los terroristas. Si ahora el presidente del Gobierno dice que no dará pasos en el proceso es porque aquella verificación fue una mera simulación.

El diagnóstico del proceso, a día de hoy, refleja los pasos dados por el Ejecutivo. La unidad democrática con el Partido Popular está rota. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido cancelado. La Ley de Partidos Políticos está esposada por la pasividad del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. Los Parlamentos nacional y vasco son convidados de piedra frente a mesas de partidos y «agentes» sociales que decidirán por sí mismos el futuro de todos. Los jueces son señalados como obstáculos para la paz. Las instituciones europeas han quedado saturadas a largo plazo por la torpeza del Gobierno. Navarra se inquieta por su régimen foral y, en fin, las víctimas de ETA sienten el peso de la incertidumbre más dramática, la de si su sacrificio será estéril.

No es cierto que el Gobierno no ha dado pasos: los ha dado a costa de poner a las instituciones del Estado democrático y de Derecho en la tesitura indigna de aquietarse a la táctica de su improvisación o cargar con la responsabilidad del fracaso del proceso. Así es como los jueces se enfrentan a un veredicto de culpa preventivo, dictado al unísono por Batasuna, pero también presente en insólitas declaraciones del jefe del Ejecutivo y de dirigentes socialistas vascos, por si la condena a De Juana Chaos o la «doctrina Parot» impiden al Gobierno dar a los etarras la impunidad que éstos dicen haber pactado con sus intermediarios. Faltaba el Tribunal Constitucional, pero el recurso de amparo -precipitado y dudosamente admisible- del lendakari Ibarretxe contra su imputación por reunirse con Batasuna se va a encargar de subsanar esta laguna, poniendo a prueba la disposición del Alto Tribunal a involucrarse, aunque sea tangencialmente, en esta ronda de adhesiones en que se ha convertido el proceso de «paz».

También las bases del Estado democrático están en cuestión. El Partido Popular ya tiene colgado el cartel de «culpable» si ETA revoca la tregua y vuelve a matar. Las víctimas no corren mejor suerte y la opinión pública está condenada a una ignorancia que sólo el rigor de algunas informaciones, como las publicadas por ABC -ninguna desmentida ni contestada-, consigue superar. Este proceso de negociación con ETA se sustenta en la descalificación de las instituciones del Estado democrático y de Derecho. Es un «proceso» contra el Estado. Su allanamiento es la condición sine qua non sólo para plantear teóricamente la posibilidad de un acuerdo entre ETA y el Gobierno. Los compromisos en reuniones clandestinas no tienen límite, pero un Estado sometido a un orden constitucional, a la voluntad de los ciudadanos, al imperio de la ley, a la independencia judicial y a la libertad de información es un Estado que establece sus propios topes. Y a estos topes ha llegado el Gobierno en su negociación con ETA. Por eso se pretende anular al PP, se evita a la opinión pública, se elude el Parlamento y se acosa a los jueces. Es decir, todo aquello que un Gobierno no puede someter. Creer que así es posible culminar un proceso de negociación con terroristas sólo es posible en una situación de huida constante de la realidad. No es viable ningún proceso de negociación que exija el sacrificio de los fundamentos del Estado.

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Jueces predemocráticos

Jueces predemocráticos

JUAN MANUEL DE PRADA

Por Juan Manuel de Prada

EL llamado «proceso de paz», cada vez más parecido a un proceso de capitulación, nos ha procurado ya abundantes episodios que estimulan el sonrojo. Que dicho proceso se sostenga mientras los terroristas perseveran en sus extorsiones, en sus vandalismos callejeros, en su aprovisionamiento de armas y en sus chulescas exhibiciones de fuerza ya instila en el observador neutral una mezcla de abatimiento y enojo difícilmente soportable. Que el Gobierno soslaye la aplicación de una ley vigente que establece muy nítidamente cuáles son los requisitos que una formación política debe cumplir para poder desarrollar legalmente su actividad causa a partes iguales perplejidad y consternación. Que los terroristas sigan exigiendo impunidad para sus crímenes y un fantasmagórico derecho de autodeterminación, mientras el presidente del Gobierno no sale al paso, sino que más bien alienta sus pretensiones con palabras confusas estimula la indignación. Pero de todo este gazpacho de concesiones y desistimientos que amenazan con suspender el imperio de la ley nada me perturba más que los ataques dirigidos contra la independencia judicial; ataques que ya no sólo profieren los criminales que sufren las consecuencias de la aplicación escrupulosa de la ley, sino individuos que ostentan la representación ciudadana, incluso quienes encarnan las más altas magistraturas del Estado.

Ya habíamos escuchado en alguna ocasión al fiscal general del Estado acusar a los magistrados de poner trabas al proceso de capitulación. En los últimos días, el acoso contra los jueces ha alcanzado un paroxismo amedrentador: el Gobierno vasco ha anunciado que retirará ayudas materiales al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Josu Jon Imaz ha reclamado la creación de «mecanismos de protección» que defiendan el «sistema democrático» de jueces «involucionistas» y «predemocráticos»; y, last but not least, la sentencia condenatoria de cierto etarra con propensión a las dietas de adelgazamiento ha desatado las críticas indisimuladas del líder de los socialistas vascos, y también -algo menos explícitas- del propio Zapatero. Todo ello ofrece una cartografía pavorosa de injerencias en la actuación del poder judicial que nos retrotrae a épocas previas a Montesquieu. De forma más o menos subrepticia (a veces ni siquiera subrepticia, sino más bien con chulesca desfachatez), se está abogando por una administración de justicia que reniegue de su misión, para convertirse en una suerte de intérprete o arúspice lacayuno del proceso de capitulación.

Entre todos los ataques perpetrados contra el poder judicial me ha llamado muy poderosamente la atención, por su desinhibida vocación totalitaria, el proferido por el señor Imaz. En él se condensa ese espíritu de destrucción del Derecho que se enseñorea de nuestra época. Para el señor Imaz -como, por lo demás, ocurre con la inmensa mayoría de nuestros políticos-, el Derecho es un instrumento del poder que debe adaptarse, someterse, torcerse según la conveniencia de cada coyuntura; los jueces, por lo tanto, no serían sino peleles encargados de esa deshonrosa componenda. Como todavía quedan algunos jueces que se resisten a convertirse en corifeos de esta concepción puramente instrumental y adventicia del Derecho, reclama que los partidos políticos «trabajen conjuntamente para buscar mecanismos que protejan las instituciones democráticas» de ciertos sectores judiciales; esto es, en román paladino, que se arbitren medidas que aseguren la conversión del poder judicial en un mero apéndice de las trapisondas gubernativas y amparen el atropello del Derecho. En una democracia sana, esas declaraciones le habrían costado al señor Imaz la cárcel; inmersos en un gazpacho de concesiones y desistimientos que amenazan el imperio de la ley, el señor Imaz puede permitirse el lujo de posar como un «apóstol de la paz», esto es, de la capitulación.

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Jueces y fiscales progresistas denuncian acoso por «el proceso de paz»

Jueces y fiscales progresistas denuncian acoso por «el proceso de paz»

N. C

/ J. P Madrid

Jueces para la Democracia y la Unión Progresistas de Fiscales también dicen «basta ya» y se rebelan contra la estrategia de influir en el Poder Judicial con el objetivo de otorgar un espacio de impunidad a ETA-Batasuna en aras a favorecer el denominado «proceso de paz». Esta campaña de presión contra los magistrados que dictan resoluciones que «obstaculizan» la negociación prevista entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista fue iniciada por los partidos nacionalistas del País Vasco, pero en fechas recientes se han sumado ya, claramente, el propio Gobierno y el PSOE.

Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales calificaron ayer de «inaceptables» lo que definen como «continuas declaraciones públicas que pretenden presionar» tanto a jueces como a fiscales. Un reproche que tiene como destinatarios directos a los partidos nacionalistas del País Vasco. Pero que tampoco debe sonar ajeno al propio presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha venido cuestionando determinadas actuaciones judiciales. Por ejemplo, cuando manifestó que el preso Ignacio de Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, apoya el «proceso de paz». Una declaración que ya en su momento fue interpretada como un intento de influir en el tribunal, que todavía no había condenado a 12 años de cárcel por amenazas terroristas al sanguinario pistolero. O, más recientemente, cuando, una vez conocida la sentencia, aseguró que la pena impuesta podía dificultar la negociación con ETA. Descalificaciones al Poder Judicial a las que también se han abonado en las últimas fechas los dirigentes del PSE, con su secretario general, Patxi López, al frente.

«Jueces patrióticos»

Coincidiendo con las críticas procedentes del Gobierno y del PSOE, el PNV dio un paso más en sus tradicionales descalificaciones a los jueces. Ayer mismo, el propio lendakari, Juan José Ibarretxe, acusó en el Parlamento vasco a algunos miembros del Poder Judicial de «ampararse en una militancia patriótica» para realizar «juicios políticos». Dicho esto, agregó que, con esta actitud, «están deslegitimando la propia Justicia». Ibarretxe respondía a una pregunta del portavoz del PP, Leopoldo Barreda, quien denunció la «furibunda» reacción del Gobierno vasco, sobre todo tras el procesamiento del lendakari por reunirse con Arnaldo Otegi. Las descalificaciones de Ibarretxe a los jueces constituyen el hasta ahora último episodio de una campaña emprendida por el nacionalismo vasco para presionar al Poder Judicial, y que tuvo un reciente capítulo cuando el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, acusó a algunos magistrados de alinearse con la «extrema derecha».

Pero en este contexto, ayer se produjo la reacción de los magistrados y fiscales progresistas, que se suman a las denuncias de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Comunicado conjunto

Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aprovechando una reunión que sus respectivos secretariados mantuvieron ayer en Palma, difundieron un comunicado conjunto, firmado por sus representantes, Jaime Tapia y Eduardo Esteban, respectivamente. En el texto recuerdan que las críticas «deben circunscribirse al aspecto jurídico de las resoluciones y las actuaciones de los fiscales». En su opinión, «es inevitable que las resoluciones judiciales y las actuaciones fiscales provoquen efectos en la vida social y política». Sin embargo, el comunicado pone los puntos sobre las íes: «Pero a ambos les es exigible que sus actuaciones se guíen por criterios exclusivamente jurídicos. En la realidad de cada día, sin embargo, se ven excepcionales actuaciones, en el ámbito del proceso, que no se entienden si no es desde una adscripción partidista, alejándose de una interpretación razonable del Derecho».

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, destacó que la crítica a las resoluciones judiciales «no justifica exabruptos del lenguaje». Dicho esto, se mostró partidario de «poner coto a la verdadera relevancia que pueden tener en el proceso de paz esas resoluciones judiciales». «Hace poco lo decía el Fiscal General de Estado, que los jueces no debemos ser ni favorecedores ni obstáculos, sino quienes aplican la ley con un margen de maniobra teniendo presente la realidad social, pero con límites. No se nos puede poner como responsables o no del éxito del proceso de paz, que tiene que tener otros cauces totalmente diferentes», afirmó Tapia.

En medio de tanta descalificación, el secretario general del PP, Ángel Acebes, dijo que es «una vergüenza» la «coacción» que se está produciendo «para que los jueces no condenen a los miembros de ETA».

La batería de descalificaciones procedentes tanto desde el Gobierno y el PSOE como desde las filas nacionalistas ha creado alarma, particularmente en jueces y fiscales que ejercen en el País Vasco y Navarra. Algunos de ellos han pedido que se les refuerce la protección, según fuentes de la lucha antiterrorista. En concreto, una juez y un fiscal de Vizcaya. «Cuando se dice claramente que determinados colectivos están, nada más y nada menos, saboteando el proceso, se les está poniendo en el punto de mira de los terroristas. Y más aún a un colectivo que ya de por sí está amenazado», comentan los medios antiterroristas. «Si se rompe la tregua, los primeros contra los que van a ir los terroristas van a ser los jueces y fiscales», concluyen.

EFE

La Ertzaintza vigiló ayer una marcha de la ilegalizada Askatasuna en apoyo al preso etarra De Juana

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Órdago de Ibarretxe al TC

Órdago de Ibarretxe al TC

N. V.

MADRID. Primero criticaron la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de investigar si el lendakari, Juan José Ibarretxe, cometió un delito de desobediencia cuando el pasado 19 de abril se reunió con el portavoz de Batasuna. Después arremetieron contra la Audiencia Nacional por confirmar el procesamiento de la cúpula de la formación ilegalizada y por condenar, días después a De Juana.

También convirtieron en centro de sus críticas al Tribunal Supremo, en esta ocasión por ordenar la liquidación de bienes de las «herrikos» y por devolver la sentencia absolutoria de Atutxa al TSJ vasco para que dictara otra en la que se pronunciara sobre el fondo del asunto (si Atutxa cometió o no delito cuando se negó a disolver Sozialista Abertzaleak).

Sólo faltaba «tocar» al Tribunal Constitucional, y ayer le llegó el turno de la mano del Gobierno vasco, que de una forma tan directa como es la presentación de un recurso de amparo, obliga ahora al máximo intérprete de la Constitución a pronunciarse sobre la decisión del TSJ vasco de investigar a Ibarretxe. De esta forma, el Ejecutivo autonómico ha involucrado al TC, el único que faltaba por hablar, en el proceso de negociación con ETA.

Fue la número dos del Gobierno vasco, Idoia Zenarrutzabeitia, la encargada de lanzar semejante órdago al TC. Fue ella la que ayer presentó el recurso en la sede de este tribunal prejuzgando ya que el procedimiento abierto contra el lendakari «contraviene la democracia, afecta al conjunto del sistema político y desestabiliza la realidad política y social» del País Vasco.

La vicelendakari informó de que es la primera vez que se encausa penalmente a un lendakari «por ejercer sus derechos de participación» y acusó al Poder Judicial de deslegitimar la vida política, pues el objetivo de la reunión de Ibarretxe con Batasuna era, dijo, la «búsqueda de la pacificación y la normalización política de Euskadi».

También consideró que la «mal llamada» ley de Partidos (por la que se ilegalizó Batasuna) es el «origen de situaciones como la que nos ocupa hoy» y sus «efectos antidemocráticos han tenido, en esta ocasión, una manifestación basada en el exceso interpretativo que hacen algunos miembros del Poder Judicial sobre el alcance» de esa ilegalización.

Nuevas presiones

Zenarrutzabeitia remarcó que el Poder Judicial «no puede desequilibrar la vida política» introduciendo, en este caso, «un elemento perturbador» en la actuación del lendakari, y «limitándole la posibilidad de tratar asuntos de relevancia pública». «¿Dónde se ha visto -se preguntó- que un Tribunal encause penalmente al presidente de un país por ejercer sus funciones y por cumplir las responsabilidades de su cargo, para las que ha sido elegido?».

Zenarrutzabeitia se permitió aconsejar al TC que admita a trámite el recurso de amparo, que se anule el auto del TSJ vasco y que en el plazo de tiempo «más breve se restauren los derechos más fundamentales del lendakari».

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Otegi ofrece al Gobierno y al PNV el fin de la «kale borroka» a cambio de impunidad

Otegi ofrece al Gobierno y al PNV el fin de la «kale borroka» a cambio de impunidad

M. L. G. F.

BILBAO. Arnaldo Otegi, uno de los elementos clave en el llamado «proceso», reveló ayer uno de los compromisos-trueque de las reuniones mantenidas por representantes de Batasuna, PSE y PNV: su ofrecimiento a «desactivar todas las expresiones de violencia» a condición de que «hagan lo mismo» con la actuaciones policiales y judiciales. Es decir, el cabecilla batasuno recordó al Gobierno que sin impunidad no habrá «proceso», un calco de lo que escribió ETA en su comunicado del pasado junio: «La represión que a día de hoy aún persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz».

En la entrevista a ETB, Otegi se dirigió José Luis Rodríguez Zapatero y no puso en duda la capacidad de los socialistas de acabar con las actuaciones impulsadas desde la Justicia, porque «lo de la independencia del Poder Judicial no se lo cree nadie». Más aún, con tono amenazante y chulesco se refirió a la necesidad de tomar esta medida, porque de lo contrario «el proceso va a acabar con la mesa de negociación en Soto del Real».

El batasuno expresó su compromiso de «ir pueblo a pueblo para intentar que no exista [kale borroka] lo que nosotros supuestamente organizamos, cosa que no es cierta». A cambio emplazó a los socialista y al Gobierno, por un lado, a que «desactiven las acciones judiciales y los controles de las fuerzas de ocupación y a que tomen medidas en materia penitenciaria». Por otro lado, exigió al PNV que «haga lo mismo» y «desactive» a la Ertzaintza en cuanto a «seguimientos, informes y detenciones». Agregó que esta propuesta ya la hizo en una reunión a representantes socialistas y del PNV y señaló que Batasuna «hará ese acuerdo cuando quieran».

En respuesta a la declaración de Rodríguez Zapatero de que lo «importante es verificar» si ETA tiene «intención» de abandonar su actividad criminal de forma definitiva, Otegi dijo que «el proceso no pasa por verificar lo que ya está verificado durante siete meses, sino por poner en práctica la declaración que hizo el presidente del Gobierno [el pasado junio] de que se va a respetar lo que decidan los ciudadanos vascos».

Otegi habló de «kale borroka» y los Juzgados de Estella y la sede del PSN en Burlada fueron atacados con cócteles molotov. En total, los terroristas callejeros lanzaron nueve artefactos, acción que fue condenada por todas las fuerzas democrática, informa Begoña López.

El desafío de los nacionalistas radicales se sintió también en Bilbao. Pese a estar ilegalizada, un centenar de seguidores de la organización juvenil Segi consiguió manifestarse frente a la sede del PSE, partido que en los últimas fechas está siendo uno de los objetivos de los proetarras. Durante la marcha, los asistentes lanzaron gritos de «no nos pararán» y la «lucha es el único camino», así como a favor de la autodeterminación. Ante el carácter ilegal de la marcha, la Ertzaintza la disolvió y para ello usó material antidisturbio. En la huida, los concentrados lanzaron piedras y cruzaron contenedores.

EFE

Los juzgados de Estella, objetivo de la violencia callejera

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Para-qué

Para-qué

IGNACIO CAMACHO

Por Ignacio Camacho

DURANTE los últimos veinticinco años, el nombre de Paracuellos sólo era el eco remoto de un bárbaro episodio de una tragedia superada. Sabíamos que hubo un tiempo en que nuestros padres y nuestros abuelos se despeñaron por un abismo de odios y perpetraron un ominoso y encarnizado acto de crueldad colectiva, pero estábamos decididos a olvidar y habíamos aprendido a hacerlo, convencidos de que era el único camino para construir el país civilizado y moderno con el que soñábamos durante la larga noche de la dictadura. Echamos siete llaves al armario de los demonios familiares e hicimos un pacto de reconciliación y concordia. Perdón y olvido. Para siempre, o eso creímos.

Pero de repente, este Gobierno irresponsable se empeñó en levantar la piedra ya polvorienta que cubría la tumba de Caín. Y no es que desenterrara a los muertos, sino que exhumó la memoria de aquel drama siniestro para rescribirlo desde el sectarismo y convocar al pueblo a un aquelarre de fantasmas recién liberados. Zapatero abrió la caja de Pandora y de ella saltaron los espectros del rencor, la crispación y la revancha, apoderándose de la escena pública en un espectáculo macabro que revive una vieja tradición nacional de espiritismo violento: los españoles peleándose a muertazos, enzarzados en la reyerta retroactiva de la culpa.

En ese clima de gratuita discordia, el recuerdo de la carnicería de Paracuellos ha surgido de entre la bruma como un atroz testimonio de cargo en un horizonte envenenado por la cizaña. ¿Memoria histórica? Pues toma memoria histórica. Maldita la falta que hacía este malquistado encono estéril. Pero quienes han sido injustamente estigmatizados como únicos verdugos no están dispuestos, con razón, a permitir que se oculte su simultánea condición de víctimas de la misma ferocidad compartida.

Esta contienda de esquelas, este duelo de funerales, este pleito de exequias convertidas en reproches contra las sombras nunca tenía que haber comenzado. Y lo empezó quien más tenía la responsabilidad de impedirlo, un Gobierno frívolamente embarcado en el absurdo empeño de patear calaveras y remover huesos. No resultaba, por lo visto, suficiente con romper el consenso de la Transición; consideraban necesario hacer trizas todo su delicado equilibrio de absoluciones mutuas, de amnesias pactadas, y ponerse a bailar sobre las tumbas con un puñado de aprendices de brujo.

Y claro, han resucitado todos los muertos, de unos y de otros, con sus caras pintadas de horror y de sangre, con los cuerpos desgarrados por la vesania de las checas y los paredones. Paracuellos, Badajoz, Madrid, Málaga, Alicante; una salvaje geografía de violencia que tiñe nuestro pasado común de una vergüenza tóxica, ponzoñosa, letal. Un baño truculento de espanto inútil, una morbosa conjura de trincheras reexcavadas sin sentido. Porque el problema no está en Paracuellos, sino en para qué sirve todo este barro de fosas alborotadas, regadas por una estúpida lluvia de resentido cainismo.

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Ibarretxe pasa de la crítica, a quitar a los jueces los pisos oficiales

Ibarretxe pasa de la crítica, a quitar a los jueces los pisos oficiales

M. L. G. F.

BILBAO. El Gobierno vasco ha pasado de las palabras a los hechos en su enfrentamiento con la judicatura y ha comunicado a los máximos responsables del Poder Judicial en la Comunidad autónoma que ha decidido retirarles las viviendas oficiales que ocupan, como adelantó ayer «El Correo».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, confirmó ayer haber recibido la comunicación del Gobierno vasco, en la que no se explicaba el motivo de la decisión, pero no expresó ningún comentario al respecto. La judicatura vasca se encuentra en una difícil posición, ya que todos los medios materiales para impartir Justicia son competencia del Ejecutivo de Ibarretxe. El problema no son los cinco pisos que puso a disposición de la cúpula judicial para incentivar la permanencia de jueces y fiscales en un destino difícil, marcado por el terrorismo etarra, sino el poder que tiene el Ejecutivo autónomo para dotar o no a la Administración de Justicia de los medios materiales que necesita.

Ahora hay preocupación en la judicatura vasca, a pesar de que la presión de los nacionalistas a los jueces tiene historia. Al inicio del proceso judicial contra Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, la dirección del PNV, entonces con Xabier Azalluz al frente, se concentró a las puertas de la Audiencia, donde cantaron el himno del soldado vasco. También varios dirigentes del partido presentaron escritos de autoinculpación cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió admitir a trámite la querella contra el lendakari por su reunión con los cabecillas de Batasuna.

La intromisión de Imaz

Ayer, el presidente de la ejecutiva del PNV, Josu Jon Imaz, incidió en la trayectoria de presión al Poder Judicial y llegó a pedir la creación de «mecanismos de protección» para defender al «sistema democrático» de las actuaciones de los jueces cuyas decisiones no gustan al nacionalismo vasco.

Imaz pidió de hecho la intromisión del poder político en el judicial al reclamar que los partidos trabajen «conjuntamente para buscar mecanismos para proteger las instituciones democráticas de los sectores judiciales de actitud pre democrática».

Para Imaz, quienes imparten justicia en contra de los intereses de su partido son jueces «ultraconservadores» e «involucionistas». En su opinión, es necesario un «compromiso democrático ante ciertas instituciones» y debe actuar el Tribunal Constitucional cuando, según sus planteamientos, «se atacan derechos fundamentales, como los del lendakari».

Los jueces han empezado a romper su tradicional silencio frente a las críticas políticas y la Asociación Profesional de la Magistratura reaccionó ya el miércoles a las palabras de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, calificando de «deplorables las cotas de agresividad y enfrentamiento» con el Poder Judicial que, a su juicio, mostró el Ejecutivo de Ibarretxe en su declaración con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia absolutoria del «caso Atutxa».

La Asociación Profesional de la Magistratura argumentaba que «no resulta admisible que los resortes que el ordenamiento jurídico pone en manos del Poder Ejecutivo para la búsqueda y satisfacción del interés público, puedan ser utilizados para la defensa del interés personal de alguno de sus miembros o de afiliados a los partidos políticos que sustenten dicho poder».

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ETA/Batasuna recuerda a Zapatero que sin impunidad «no hay proceso»

ETA/Batasuna recuerda a Zapatero que sin impunidad «no hay proceso»

M. LUISA G. FRANCO

BILBAO. El batasuno Arnaldo Otegi, considerado uno de los elementos clave en el «proceso», lanzó ayer un agrio recordatorio a Zapatero al advertirle de nuevo que si el complejo ETA/Batsuna no goza de impunidad judicial y policial, «no habrá proceso». Las últimas actuaciones judiciales han irritado a Batasuna, que exige al Gobierno que pare los pies a los jueces, lo que se ha traducido en una presión del Ejecutivo hacia este ámbito. Pero la Justicia, como asegura el CGPJ, es autónoma de procesos políticos y sigue su curso, lo que ha llevado al «proceso de paz» a una situación de estancamiento. Zapatero se halla en un callejón sin salida.

Otegi, en su rueda de prensa, coincidió en los términos de sus valoraciones con otras previas de Zapatero, al considerar que decisiones judiciales como la condena a De Juana «pueden ser factores que dificulten el proceso de paz», en palabras del presidente del Gobierno, o hacer «imposible» dicho «proceso», según la expresión utilizada por Otegi.

Coincidió también el batasuno con Zapatero en mostrar su preocupación por las consecuencias que pudiera tener para la fase de negociación la segunda huelga de hambre de Juana, asesino de veinticinco personas. «No habrá ningún «proceso» del que hablar si le pasa algo», amenazó el dirigente proetarra, después de que Zapatero incluyera esa huelga de hambre entre los «factores que dificultan el proceso».

Otegi responsabilizó de las sentencias judiciales no sólo a quienes las dictan, sino también al presidente del Gobierno, por no haber derogado la Ley de Partidos, que es la legislación en la que basan los jueces algunas de sus incómodas actuaciones para Batasuna y el Gobierno.

Cadena de agresiones

En un editorial publicado ayer en el diario «Gara» se reprochaba al Gobierno que «en siete meses no haya empleado su mayoría parlamentaria para desmontar el armazón legal que permite materializar esta cadena de agresiones». Agregaba que la «inacción» del Ejecutivo es el «problema de fondo» que ha llevado al «proceso» a un «atolladero», al tiempo que Arnaldo Otegi hablaba en San Sebastián de que las «cosas están muy mal».

El portavoz de la ilegalizada Batasuna pretende, tal como adelantó ABC el pasado 30 de octubre, impunidad judicial, por lo que sentencias como la dictada por la Audiencia Nacional contra el preso de ETA Ignacio de Juana Chaos contrarían sus expectativas, y Rodríguez Zapatero es consciente de ello.

Arnaldo Otegi explicó que en un principio la izquierda abertzale creyó que el Gobierno «tenía ambición histórica suficiente para hacer las cosas de otra manera y dar un vuelco en la dirección política del Estado en términos de solucionar el conflicto». El batasuno indicó al jefe del Ejecutivo la dirección que el brazo político de la banda espera que tome y le dijo que «hay que enfrentarse al PP» porque, en su opinión, «no puede haber una síntesis entre las posiciones del Partido Popular y las del pueblo vasco». «Lo que no puede uno es intentar hacerse lo menos enemigo posible del PP zumbando a la izquierda abertzale día va y día viene, porque entonces no hay «proceso», no lo puede haber, no lo podemos construir y eso es exactamente lo que está ocurriendo», subrayó Otegi.

El portavoz de Batasuna señaló, además, que las cosas no han ido a mejor para los nacionalistas radicales tras la declaración de la tregua de ETA, a pesar de que «durante años» las fuerzas políticas han demandado dicho alto el fuego para solucionar el «conflicto vasco. Hoy nadie puede probar que con la tregua las cosas vayan mejor», dijo.

Negociación política

A pesar de las preocupaciones expresadas, Otegi dijo ayer que la izquierda abertzale deseaba que el «proceso» no fuera de «agresiones mutuas», sino de colaboración, y que ni siquiera tiene por qué ser «largo, duro, ni difícil», sino «razonable en el tiempo, lo menos duro posible, aunque difícil sí, porque llegar a acuerdos en política siempre lo es».

El contraste interno en el discurso de Otegi puede deberse a la marcha de la negociación política entre socialistas y nacionalistas en el País Vasco. El presidente de la ejecutiva del PNV, Josu Jon Imaz, dijo ayer que las conversaciones para la creación de la mesa de partidos «avanzan bastante» y se lleva un «camino importante» con acercamientos en cuestiones metodológicas y en cuanto a las «bases comunes sobre el futuro de Euskadi». Además, aseguró que mantiene «una prudente esperanza» en poder lograr la paz porque «sectores muy importantes de la izquierda abertzale buscan definitivamente un camino en el que la violencia sea el pasado».

Ambiente crispado

Llama la atención el hecho de que la negociación política discurra con tranquilidad, cuando el ambiente de cara a la opinión pública está especialmente crispado. La clave para ello es quizás la sintonía que han encontrado PNV, PSE y Batasuna, tres partidos que han coincidido entre sí y también con el presidente Zapatero en criticar las últimas sentencias judiciales. La defensa realizada por Patxi López de De Juana no se diferenciaba mucho de la realizada por Otegi. La negociación política entre socialistas, PNV y Batasuna parece avanzar en cuestiones delicadas para la mayor parte del electorado socialista tanto fuera como dentro del País Vasco.

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Los proetarras realizan pintadas amenazantes en la sede del PSE de Basauri

Los proetarras realizan pintadas amenazantes en la sede del PSE de Basauri

M.L.G.F.

BILBAO. Batasuna sigue haciendo oídos sordos a los continuos llamamientos del PSE para que se ponga fin a la violencia. Las amenazas permanecen y en las últimas horas el objetivo ha sido la casa del pueblo de Basauri (Vizcaya). En sus paredes los proetarras hicieron pintadas amenazantes, como la de «fascistas». El PSE no tardó en denunciarlo y contó con la solidaridad del PP.

El secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, expresó su más «firme y rotunda condena» y subrayó que «con insultos y actos violentos no se contribuye al «proceso de paz», sino que se ponen obstáculos, porque la ausencia de violencia es un requisito imprescindible para avanzar en este proceso». «No nos van a amedrentar ni van a lograr que con hechos de este tipo los socialistas cambiemos nuestros criterios democráticos porque no aceptamos ni aceptaremos nunca este tipo de presiones», agregó Pastor.

El PP de Basauri mostró su apoyo al PSE y condenó «este tipo de actos, que lo único que pretenden es amedrentar a los demócratas». Destacó que los proetarras «se están envalentonando ante la situación de permisividad que estamos viviendo en los últimos tiempos».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Agüeros, dijo que «nadie tiene derecho a imponer sus ideas por medio de la violencia o la coacción por lo que esperamos que este tipo de actos acaben de una vez por todas, ya que la paz que nos están vendiendo no es real a día de hoy».

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La AVT pide el cumplimiento íntegro ante la cárcel de Dueñas

La AVT pide el cumplimiento íntegro ante la cárcel de Dueñas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se volverá a manifestar mañana para exigir el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas. Esta vez la asociación ha escogido la cárcel de palentina de Dueñas para mostrar además la verdadera cara de los etarras encarcelados en toda España. La asociación que preside Francisco José Alcaraz ya ha convocado manifestaciones frente a la cárcel madrileña de Soto del Real, la de

Albolote (Granada) y la de Jaén II. Durante el acto, que comenzará a las doce de la mañana, los asistentes aprovecharán para alertar sobre «la posibilidad de que la reforma del Código Penal pueda suponer una revisión de las penas de los terroristas y, en consecuencia, se produzcan situaciones vergonzosas de impunidad para los etarras».

La AVT también ha convocado una manifestación en Madrid, el próximo 25 de noviembre, que tiene por objeto igualmente denunciar las próximas modificaciones del Código Penal, que «está pasando casi inadvertidas» y que va a suponer «una gravísima irresponsabilidad que podría dejar en entredicho al Estado de Derecho, además de suponer un desprecio más al sufrimiento y a la dignidad de las víctimas» de la barbarie etarra.

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López Aguilar matiza a Zapatero y recuerda que la Justicia es ajena al «proceso de paz»

López Aguilar matiza a Zapatero y recuerda que la Justicia es ajena al «proceso de paz»

ABC

MOSCÚ. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se distanció ayer del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -quien el día anterior había asegurado que la condena a De Juana podría suponer un obstáculo en el proceso de negociación con ETA-, y manifestó que la actuación de la Justicia en los procesos contra la banda terrorista forman parte del funcionamiento normal del Estado de Derecho. Además, dijo que esta circunstancia es independiente del trabajo que está llevando a cabo el Gobierno para consolidar la «esperanza de los españoles» de acabar con el terrorismo.

Durante una rueda de prensa en Moscú, donde asiste a una cumbre de ministros de Justicia e Interior del Consejo de Europa, López Aguilar señaló que tanto el Gobierno como su presidente han venido sosteniendo en esta legislatura que «las responsabilidades penales se depuran por sus cauces», en referencia a que los procesos judiciales contra el entorno de ETA deben seguir su camino.

«Base empírica»

En este sentido, el titular de Justicia aseguró que «la Fiscalía investiga los delitos y ejerce la acusación, y el Poder Judicial dicta sentencias con independencia». En su opinión, esto está funcionando «con plenitud y va a seguir siendo».

Así, se refirió a la condena (de 12 años y siete meses) a José Ignacio de Juana como ejemplo de que la Justicia también ha cumplido en este caso con su función, algo que es distinto, dijo, a la misión que tiene el Ejecutivo de intentar acabar con la violencia. Subrayó que «nunca como hasta ahora habíamos tenido indicadores objetivos y base empírica bastante para saber que está a nuestro alcance» acabar con la violencia, informa Servimedia.

«Ha habido -dijo- más de tres años sin víctimas mortales, un alto el fuego permanente y, por tanto, una ocasión de verificar con prudencia, con firmeza, con realismo que existe una voluntad inequívoca de ponerle punto y final a esta violencia sin sentido y a cualquiera de sus manifestaciones, incluida, por supuesta, la amenaza de la violencia».

«Los argumentos de ETA»

Por otra parte, el secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, acusó ayer a Rodríguez Zapatero de mantener una «actitud patética», porque, en su opinión, «comparte los mismos argumentos» que ETA al querer «buscar la paz y el cese de la represión en el País Vasco sin la aplicación de la ley y la actuación de los jueces». Astarloa destacó que se ha entrado en una fase de «disparate» en la que «el acoso y el amedrentamiento para que se deje de emplear la ley es también compartida por Zapatero, que dejó claro que el que está por la paz es De Juana Chaos y no los jueces». Los populares consideran que el presidente de Ejecutivo ha perdido «el control y el sentido común», ya que hizo suyo el argumento de «los señores de las pistolas».

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