El poder que tiene ETA se lo ha dado el Gobierno.

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El poder que tiene ETA se lo ha dado el Gobierno

Uno de esos extremos en los que la ley es absolutamente diáfana es en la privacidad y confidencialidad de los historiales sanitarios, sean públicos o privados. Por eso, resultaba del todo previsible la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos conocida ayer y que condena a uno de los hospitales catalanes que cedió estos informes de salud a la Generalitat sin contar con la autorización de los pacientes. Tal y como denunció EL MUNDO, el Gobierno catalán recabó estos datos privados para, en su afán por imponer la lengua autonómica en todas las esferas, evaluar el nivel de catalán en la Sanidad. Ahora el Hospital San Rafael tendrá que pagar más de 60.000 euros de multa, y cabe esperar que la decisión sirva de precedente para que los otros nueve centros que cometieron el mismo delito también pasen por taquilla. Sin embargo, lo que nos produce perplejidad es que la Agencia haya establecido como atenuante el «principio de confianza legítima», según el cual resulta lógico que en el hospital creyesen que entregar los informes era legal porque era la Generalitat la que los pedía. Esta justificación resulta improcedente, no sólo porque quien examinó los historiales fue una empresa privada, sino, sobre todo, porque el razonamiento debería implicar una petición de responsabilidades a la Generalitat, precisamente por hacer encargos ilegales.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2060896.html