EDITORIALES: La ley de emprendedores, una medida para estimular el crecimiento

Una medida para estimular el crecimiento

La ley de emprendedores suena bien, falta la letra

EL CONSEJO de Ministros aprobó ayer lo que debería ser una de las normas económicas clave de esta legislatura: la ley de emprendedores. Tiene el objetivo de apoyar y simplificar la creación y el desarrollo de empresas en nuestro país y facilitar su internacionalización. Todo con la vista puesta en la creación de empleo. Es cierto que llega con un cierto retraso y una de sus medidas estrella, el pago del IVA sólo cuando se cobre la factura, no entrará en vigor hasta 2014, pero la música suena bien: más facilidades a la hora de crear empresas, reducción de algunos impuestos y eliminación de burocracia son elementos, sin duda, positivos. Falta ver cómo se va a concretar y en qué plazos. Por ejemplo, ¿cuántos años llevamos oyendo que en España se va a poder crear una empresa en 24 horas?

Declaración de los tres grandes banqueros

Bankia, un elefante que casi nadie quiso ver

AN ELEPHANT in the room es una expresión inglesa para referirse a un problema evidente y grande que nadie quiere ver y, por tanto, solucionar. Con esa frase contestó ayer Francisco González, presidente del BBVA, al juez Andreu cuando le preguntó por sus reuniones –junto con Botín y Fainé– con De Guindos sobre Bankia. Así era, hasta que la situación explotó. González y Botín no se creyeron las cuentas de la caja ni el plan de recapitalización que presentó Rato en abril de 2012 al Banco de España, de unos 7.000 millones de euros. Si banqueros y mercados sospechaban que Bankia iba a necesitar mucho más capital, como se demostró al tener que elevar a 22.000 millones el importe, Férnandez Ordóñez debería explicar por qué dio el visto bueno a una propuesta insuficiente.

El 70% de los argentinos está descontento

El kirchnerismo zozobra en su décimo aniversario

HOY SE cumplen diez años de la subida al poder en Argentina del binomio formado por Néstor y Cristina Kirchner. Él llegó a la Casa Rosada con una versión peculiar del peronismo que su mujer ha intentado perpetuar sin éxito, debido a su política errática y muy populista. Como consecuencia, el 70% de los argentinos tiene un opinión pésima de la presidenta. A las decisiones arbitrarias como la expropiación de YPF o el acoso a la prensa se han sumado los escándalos de corrupción y del maquillaje de las estadísticas. El kirchnerismo hace aguas y no hay indicios de que vaya a cambiar de rumbo de aquí a las elecciones de 2015.

Razones de peso para investigar a la Infanta

SIGUIENDO el camino al que apuntaba la Audiencia de Palma, el juez Castro dictó ayer un auto en el que adopta una serie de diligencias para investigar si Doña Cristina de Borbón cometió delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El magistrado pide a la Agencia Tributaria un informe sobre sus cuentas corrientes, bienes inmuebles, fondos de inversión y activos financieros en los que aparezca como titular. También exige a Hacienda que rehaga las cuentas de Aizoon, computando ingresos que no fueron tenidos en cuenta.

La Agencia Tributaria había elaborado un informe provisional en el que se concluía que la Infanta había cumplido con sus obligaciones fiscales al declarar su sueldo en La Caixa y las consignaciones que le pasaba el Rey. Pero ese documento no entraba a analizar el posible fraude fiscal cometido por Doña Cristina como beneficiaria de gastos personales que eran sufragados por Aizoon con fondos que provenían de Nóos y que debían haber sido declarados a Hacienda. En este sentido, el juez pide que se indague si se desviaron recursos para reformar el palacete de Pedralbes.

Ésa era la dirección en la que había que investigar, según la resolución de la Audiencia de Palma de hace 15 días, en la que levantaba la imputación por malversación y otros delitos a Doña Cristina. La Audiencia precisaba a la vez que la Infanta podría haber defraudado a Hacienda –al igual que su marido– al eludir la tributación a través de la utilización de Aizoon como «sociedad pantalla». En base a este razonamiento, el juez Castro pide ahora a la Agencia Tributaria que lleve a cabo esas nuevas actuaciones.

La argumentación se sostiene todavía más si se considera que la Infanta poseía la mitad de Aizoon, lo mismo que su marido. Fue secretaria de la sociedad y, al estallar el escándalo en julio de 2011, pasó a ocupar el cargo de presidente. Una persona con su formación no puede alegar desconocimiento. Ni tampoco parece justo que Iñaki Urdangarin cargue con toda la responsabilidad.

«La Infanta tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% y por tal motivo podía estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del IRPF», habían sostenido los magistrados de la Audiencia.

La decisión del juez de investigar este posible delito fiscal calla las voces de quienes se habían precipitado a exculpar a la Infanta y pone la pelota en el tejado de la Agencia Tributaria, obligada a tratar a todos los ciudadanos por igual.

Hay que elogiar la valentía y la independencia de este juez, al igual que la profesionalidad de la Audiencia de Palma, que han desmostrado su voluntad de hacer justicia por encima de cualquier tipo de presiones. La investigación a la Infanta no prejuzga nada ni disminuye su presunción de inocencia. Pero es evidente que el caso Urdangarin habría sido cerrado en falso sin indagar ese posible delito fiscal. Ello sí que habría sido un error que hubiera puesto en cuestión la credibilidad de las instituciones y el principio de igualdad ante la ley.

LEY DE EMPRENDEDORES: La Vicepresidenta exhibe la Ley de Emprendedores como importante rebaja impositiva y en respuesta a las críticas de Aznar

• MARISA CRUZ MADRID
• 25/05/2013 ESPAÑA

La vicepresidenta responde con «hechos» a las críticas de Aznar

Exhibe la Ley de Emprendedores como ejemplo importante de rebaja impositiva

El Ejecutivo rechaza de plano una confrontación abierta con José María Aznar. Se impone la prudencia y el laissez passer. Nada de polémica ni controversia. Toca seguir con el trabajo diario –con el «rumbo», en palabras de Mariano Rajoy– y si es posible, demostrando en cada Consejo de Ministros que sí existe un «proyecto político». Se impone así una estrategia discreta, sin altisonancias, para responder a las duras críticas lanzadas el pasado martes y ante las cámaras de televisión por el ex presidente del Gobierno.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría estrenó ayer el modelo consistente en enfrentar «hechos a palabras». Utilizó un proyecto de ley, el de Emprendedores, anticipado gota a gota desde hace meses, esbozado en el programa electoral y que recibió el pistoletazo de salida definitivo durante el pasado Debate sobre el estado de la Nación cuando el propio Rajoy lo anunció como inminente ante los ciudadanos.

El proyecto que ayer recibió la luz verde del Consejo de Ministros y se pretende tramitar con urgencia para que entre en vigor el próximo 1 de enero, incluye rebajas y deducciones fiscales importantes para las pymes y los autónomos, y con él en la mano el Ejecutivo quiere hacer valer su voluntad de aligerar cargas impositivas en la medida en que vaya siendo posible.

Por eso, la número dos del Gobierno consideró que era un buen ejemplo para desarmar, al menos en parte, uno de los reproches más duros que Aznar les dirigió: el ahogo de las clases medias bajo la losa de una Hacienda voraz.

Sáenz de Santamaría enarboló dicho proyecto, tras explicarlo con todo detalle, para contestar a las preguntas que se le lanzaron en relación con las manifestaciones de Aznar y especialmente con la reclamación que hizo en favor de una bajada de impuestos ya.

«Les contesto», dijo la vicepresidenta, «con el proyecto que hemos aprobado hoy, la ley de Emprendedores», porque, en su opinión, a menudo la mejor manera de responder es «con hechos y no con palabras». «Y este proyecto es un hecho», sentenció.

Fiel a la consigna de ser parca y evitar replicar abiertamente al ex presidente, la portavoz del Gobierno se remitió en varias ocasiones a la «respuesta muy cumplida» que dio el pasado miércoles en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la necesidad de una rebaja impositiva como la que se llevó a cabo en la primera legislatura de Aznar.

Montoro insistió en que en la actual situación de recesión de la economía española –este año el decrecimiento se calcula en torno al 1,4% del PIB– no hay margen para bajar impuestos como se hizo a finales de la década de los 90, cuando el país crecía a un ritmo del 3 y del 4% del PIB. No obstante, repitió que la intención del Gobierno es la de proceder a una rebaja en cuanto las condiciones lo permitan, porque así está escrito en el ADN del PP y en su programa electoral.

También se retrotrajo la vicepresidenta a sus propias palabras del miércoles –apenas unas horas después de que hablara Aznar– cuando aseguró respetar todas las opiniones pero recalcando que lo que el Ejecutivo «agradece» son las «aportaciones» para que el país vuelva a crecer y crear empleo.

Preguntada por la posibilidad de que, de la crítica de Aznar, pueda extraerse la impresión de que la estabilidad política no es ya tan sólida como expresaba el resultado electoral de hace año y medio, Santamaría apuntó que su Gobierno disfruta de una mayoría absoluta en el Parlamento que le presta un apoyo «sensato y arduo» gracias al cual el país logró «hace solo unos meses superar una situación límite».
Más información en página 36.

Respeto «político»

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, exigió ayer a los ex presidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero que respeten «políticamente» la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña. Mas estima que «debería ser fácil en democracia fijarse dónde están las mayorías dentro de las sociedades, y Cataluña se acaba de expresar en las urnas hace unos meses». «La actitud de Aznar produce un cierto miedo, el tono con el que se dirige a la gente y con el que habla de los temas de Cataluña», dijo.

F. NÚÑEZ MADRID

• 25/05/2013 ECONOMÍA

P&R

Todas las claves de la Ley de Emprendedores

Es la única promesa electoral en materia económica que ha cumplido el Gobierno hasta ahora, aunque todavía es un anteproyecto y no entrará en vigor hasta la segunda parte de la legislatura.

¿Por qué ha tardado tanto el Ejecutivo en elaborar esta norma?

Montoro la ha retrasado ante las dificultades para conseguir bajar el déficit, porque detraerá ingresos netos. Se trata de una norma que requiere bonificaciones y deducciones fiscales, también de cuotas de la Seguridad Social. El Gobierno no ha facilitado dato alguno del coste para las arcas públicas. Es decir, la ley puede crear empleo estadístico, sobre todo autoempleo, pero no los ingresos que generan las nóminas.

¿Tendrá beneficios fiscales?

Las pymes podrán tributar por un Impuesto de Sociedades reducido del 15% siempre que obtengan beneficios. Los socios tendrán una disminución del 20% en los rendimientos netos del IRPF, así como una exención completa de este impuesto si capitalizan la prestación por desempleo para crear la empresa.

¿Y en las cuotas sociales?

Se establece una tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones a la Seguridad Social para nuevos autónomos menores de 30 años y se permite compatibilizar el cobro del seguro del paro y el inicio de la actividad por cuenta propia. Los empresarios o autónomos podrán retornar al cobro de la prestación si el proyecto fracasa. Por otra parte, los trabajadores que estén en el régimen general y quieran realizar otra actividad alternativa no tendrá que duplicarlas cotizaciones como sucede ahora.

¿Responderá con su patrimonio?

Se crea la figura mercantil de Emprendedor con Responsabilidad Limitada (ERL). Es decir, el empresario no responderá con su vivienda (si su valor no supera los 300.000 euros) de las deudas generadas. Eso sí, esta limitación no se aplicará a sus deudas con Hacienda o la Seguridad Social. El problema es que si no paga a sus otros acreedores, en general proveedores y otras empresas, se volverá a producir otros efectos bola de nieve facilitando el cierre de otras sociedades.

¿Se permitirá crear otra segunda empresa después?

Para facilitar una segunda oportunidad se prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas, mediante una especie de arbitraje, para pactar quitas de hasta el 25%. Pero no se podrán pactar quitas de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

¿A cuanto puede ascender el capital social?

Se permitirá la creación de sociedades limitadas de Formación Sucesiva, un nuevo subtipo societario, con un capital inferior a 3.000 euros y con un límite de retribución para los socios y administradores. Tendrán responsabilidad solidaria.

¿Cuánto se tardará en crear una sociedad?

En el proyecto inicial se mencionaban siete horas para su registro con un coste de 40 euros. Sin embargo, con el tramite notarial que ahora se incentiva, se llegará a varios días y con un mayor coste.

¿Tendrán financiación?

Es la gran duda. Falta por aclarar cómo van a funcionar por ejemplo las líneas ICO para pymes o los «bonos de internacionalización».

1.556 millones por el IVA

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que las pymes y autónomos que facturan hasta dos millones de euros cargan actualmente con 1.556 millones anuales correspondientes al IVA de facturas que aún no han ingresado.
Por este motivo consideran que la Ley de Emprendedores aprobada ayer les permitirá pagar en el momento de cobrar la factura y, por lo tanto, liberarse de esta carga. El desembolso anticipado que supone el pago por facturas no ingresadas se ha ido incrementando en los últimos años por parte de los pequeños empresarios, especialmente con la subida del tipo general del IVA al 21%. Los técnicos de Hacienda piden al Gobierno que amplíe la medida a las empresas con una facturación de hasta 12 millones. Con este nuevo umbral, las pymes se evitarían el adelanto de 2.826 millones anuales.

Además, a pesar del avance que supone la medida, destacaron que la posibilidad de pagar el IVA hasta que no se cobra la factura tiene «matices», ya que este pago no se podrá dilatar más allá del 31 de diciembre de cada año, incluso si no se ha cobrado aún, informa Servimedia

• LORENZO AMOR
• 25/05/2013 ECONOMÍA

Un paso adelante

A nadie se le escapa que esta crisis se ha cebado con mayor virulencia que en anteriores recesiones sobre el tejido productivo español y eso ha tenido su reflejo en los más de seis millones de parados que desgraciadamente tenemos en España. Pero, hasta ahora, no estoy seguro que se hubiera hecho un verdadero diagnóstico de la situación real de ese tejido productivo o quizá se pretendía insistir en viejas recetas ya trasnochadas provenientes de la vieja fórmula de diálogo social y, por lo tanto, no se estaban aplicando los remedios necesarios para recuperar la economía. Hoy lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: el 80% de ese tejido productivo está compuesto por microempresas y autónomos con menos de nueve asalariados y, sin embargo, concentran el 74% de todo el empleo que hay en España.

Entonces, parece lógico que, si se quiere salir de la crisis y atajar la lacra del paro, fuera necesario, de una vez por todas, actuar directamente sobre las duras condiciones que soportan quienes tienen la llave de la recuperación y del empleo, es decir, sobre los autónomos y las microempresas. Esto es lo que ha venido a hacer el Gobierno al presentar este anteproyecto de ley de Emprendedores. Ha querido incidir en la economía real, en aquellos que el año pasado, autónomos personas físicas, generaron 74.000 empleos asalariados netos.

En España siempre ha sido difícil crear y mantener un negocio. No digamos contratar a un empleado. Esto sólo lo sabe quién ha pasado por esa experiencia. Pero durante estos últimos cinco años de crisis la odisea de emprender se había vuelto una epopeya heroica. Las trabas burocráticas, las cargas y costes que imponen las administraciones, el tener que financiar al Estado por adelantado abonando el IVA de unas facturas que no habíamos cobrado, el miedo a tener que responder con todo nuestro patrimonio si las cosas iban mal, el no disponer de una segunda oportunidad si fracasas, el pago de unas cuotas excesivas si te encuentras en situación de pluriactividad. Se sumaba a la caída estrepitosa de la actividad, a la ausencia de financiación y a la lacra de la morosidad pública y privada. Así es casi imposible emprender un nuevo negocio o mantenerlo. Era necesaria una ley que, al menos, desbrozara el camino, que eliminara obstáculos, que, aunque no vaya a conseguir que nos entren más clientes en el negocio, nos quitase muchas piedras del camino.

El anteproyecto plantea importantes e históricas peticiones de la federación de autónomos que presido.Como he dicho, pueden mejorar mucho la vida de los autónomos y, en consecuencia, ayudar a crear más riqueza y empleo. Pero es necesario que, cuando pase al trámite parlamentario, la ley alcance un amplio consenso en las Cámaras del parlamento.

Es seguro que, en este periodo de enmiendas, todos podamos aportar ideas para perfeccionar el proyecto. Pero los autónomos y las microempresas, la economía real de este país, no entenderían que no se aprobase finalmente con el voto unánime del Parlamento. Más que un deseo, es una necesidad, la de atajar definitivamente muchos y graves problemas de los autónomos. Por supuesto, quedarán otros retos pendientes e igualmente importantes que también deberemos abordar. Pero habremos dado un gran paso adelante.

Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajador Autónomos.
 

• FRANCISCO NÚÑEZ MADRID
• 25/05/2013 ECONOMÍA

Compra de piso o deuda a cambio de la residencia

Los extranjeros obtendrán el permiso si invierten entre 500.000 euros y 2 millones

El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de Ley de Emprendedores la posibilidad para los extranjeros de obtener la residencia en España si compran un piso –para ayudar al banco malo a vender los activos inmobiliarios de las entidades financieras–, o si suscriben deuda pública –para facilitar al Estado la colocación de las emisiones de deuda pública y eludir la presión de los mercados–. Para ello, deberán comprar una vivienda de al menos 500.000 euros o suscribir deuda por encima de los dos millones. De esta forma, el Ejecutivo abre la puerta a inversores, sobre todo chinos y rusos, que son los más interesados potencialmente en obtener la residencia española.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó ayer que esta medida suponga «vender la residencia». Según su versión, este sistema se ha generalizado en Europa, y citó los casos de Portugal, Irlanda y Reino Unido. En realidad, lo que ha hecho el Ejecutivo es adaptar la cifra de la compra de las viviendas a la de estos países, ya que en el proyecto inicial figuraba que con una inversión de 160.000 euros se obtenía la carta de residencia.

Por ello, lo que más llama la atención es que, según la referencia del Consejo de Ministros, el objeto de esta ley, que no entrará en vigor hasta 2014, es «apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica». Es decir, no tiene sentido que en esta norma se haya incluido la modificación del permiso de residencia.

El anteproyecto, que estará sometido a cambios hasta que se convierta en ley, también recoge que recibirán permiso de residencia los extranjeros que hagan «una inversión significativa», sin que de momento se haya cuantificado, o destinada a proyectos empresariales de «interés general», como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica. Pero falta por conocer los detalle del desarrollo reglamentario de todas estas normas.
También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales «altamente cualificados» que formen parte de un negocio de reconocido prestigio. Pero se desconoce a qué tipo de negocios se refiere. Además, se dará este permiso a los extranjeros que se desplacen a España dentro de una relación laboral o por motivos de formación profesional. El problema en este sentido es que los altos tipo del IRPF no ayudan a la llegada de los profesionales extranjeros, e incluso de empresas y sus directivos, porque aquí pagarán más impuestos que en su país.

En cuanto a las medidas que favorecerán directamente a los emprendedores españoles, figura el nuevo régimen de IVA con criterio de caja a partir de 2014 frente al actual de devengo. Pero, la posibilidad de no tener que ingresar en Hacienda el IVA repercutido en las ventas hasta que no cobren la factura, se limita a las facturaciones inferiores a dos millones. Y habrá que esperar al reglamento de la ley porque, en caso de facturar a empresas con criterio de devengo, no podrán cobrar las que quieran hacerlo por criterio de caja.

También se incluyen otros incentivos. Por ejemplo, las empresas que facturen menos de 10 millones podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios si se reinvierten, y los inversores en las empresas podrán deducirse el 20% en la cuota del IRPF por el capital aportado con el límite de 200.000 euros.

El Gobierno negó ayer que facilitar los permisos suponga «vender residencias»

LAS ASOCIACIONES MAYORITARIAS DE JUECES ARREMETEN contra el «dañino» Comisario Político del PSOE en la Justicia por sus ataques a Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso del saqueo socialista del Fondo de los Parados mediante ERE fraudulentos

• JOAQUÍN MANSO MADRID
• 25/05/2013 PORTADA

Las tres asociaciones de jueces defienden a Alaya del ataque de Moliner

Consideran que ha puesto «en tela dejuicio» la instrucción del ‘caso ERE’

Las tres grandes asociaciones de jueces defendieron ayer al unísono a la instructora del escándalo de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, de las críticas a su trabajo que en la víspera había manifestado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, con ocasión de una visita institucional a Sevilla. Consideran que sus declaraciones «sobran», son «dañinas» y ponen «en tela de juicio» la investigación.

Moliner dijo en Sevilla que «no es normal ni aceptable» el retraso que, según él, acumula la causa, y advirtió públicamente de la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra Alaya, que se reincorporó a su puesto en marzo tras seis meses de baja por enfermedad. Sus palabras fueron aprovechadas por el poder político más afectado por ese caso de corrupción. Ayer fue el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien afirmó que «la Justicia no puede trabajar tan lentamente», como anteayer había sido el consejero de Empleo, Emilio de Llera.
La actuación del presidente del Poder Judicial fue respondida con contundencia por las asociaciones en sendos comunicados. Destacó singularmente el de Jueces para la Democracia, a la que Moliner estaba afiliado hasta que dejó de estarlo por ser incompatible con la Presidencia.

«No se comprenden las críticas públicas realizadas a la llamada instrucción del caso ERE y el anuncio de la posible iniciación de un expediente disciplinario a la magistrada instructora», dice la nota, tras recordar que entre las funciones del CGPJ no está la de «incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional», y sí la de «garantizar la independencia judicial frente a todos, así como asegurar que los jueces no sean inquietados en su quehacer profesional».

Por ello, concluye que, si Alaya no ha incurrido en ninguna conducta merecedora de sanción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, como admite el propio Moliner, «sobran manifestaciones de su presidente poniendo en cuestión dicha responsabilidad».

También la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, mostró «su más enérgico rechazo» a las declaraciones de Moliner. «El presidente del órgano de gobierno de los jueces no puede ser el medio ni el instrumento por el cual se efectúen juicios de valor que puedan ser interpretados, siquiera de manera velada, como una forma de presión o influencia que cuestione la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos puede poner en tela de juicio el esfuerzo personal que está realizando la magistrada que lleva a cabo la instrucción del llamado caso de los ERE».

La Asociación Francisco de Vitoria fue, asimismo, muy dura: «La indeseable politización del órgano de gobierno de los jueces, en la que pretende profundizar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en trámite parlamentario, llega a su esplendor». «Se hace no sólo visible y palpable, sino también terriblemente dañina al Estado de Derecho con actuaciones como ésta, cuando es precisamente el presidente del máximo órgano constitucional del Poder Judicial quien con sus expresiones publicas pudiera influir, interferir o presionar en el fondo o en la forma de resolver determinados asuntos sensibles a la clase política, de la cual proviene su nombramiento», señala su comunicado.

Moliner, cuyas declaraciones se produjeron en un contexto de presiones a la juez Alaya desde el Gobierno andaluz y después de que el Tribunal Superior de Justicia la apremiase a agilizar la causa, emitió una matización en la que asegura que «en ningún caso» pretendía expresar «intención alguna de iniciar actuaciones disciplinarias» contra la instructora, cuya independencia «respeta y exige que se respete».

LA ASOCIACIÓN DE JUECES DEL PSOE no quieren que Rubalcaba y sus Comisarios Políticos pierdan el control de la Justicia

• MARÍA PERAL MADRID
• 25/05/2013 ESPAÑA

Boicot a la renovación del CGPJ

Jueces para la Democracia no participará por el «interés partidista» de la ley de Gallardón

Jueces para la Democracia (JD), la tercera organización de mayor implantación en la carrera judicial, acordó ayer no participar como asociación en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debería realizarse en septiembre.

El acuerdo se adoptó ayer en el congreso de JD, celebrado en Pamplona, por 60 votos a favor y 29 en contra. La propuesta partió de la sección de Jueces para la Democracia en Cataluña.
La asociación de jueces reiteró su rechazo frontal a la ley propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que reforma el sistema de elección y funcionamiento del CGPJ. Esa iniciativa suprime toda participación de los jueces en la elección de su órgano de gobierno y, según JD, merma las competencias del Consejo en beneficio del Ejecutivo, particularmente en materia reglamentaria.

La norma, que ya ha sido aprobada por el Congreso con los solos votos del PP y que se encuentra actualmente en el Senado, supone según el acuerdo adoptado por JD, «una burla a las reglas democráticas que ha suspendido de modo absolutamente injustificado el proceso natural de renovación, imponiendo un modelo no consensuado de Consejo que responde a intereses partidistas y al objetivo de someter al CGPJ a un inequívoco control por parte del Poder Ejecutivo».

JD condiciona a la retirada del proyecto de reforma su futura participación como asociación de jueces en un proceso de designación de vocales. En los anteriores, JD celebraba elecciones internas para elegir a sus candidatos al órgano de gobierno.

La reforma preparada por el Ministerio de Ruiz-Gallardón se encuentra en las antípodas del planteamiento que hacía el programa electoral del PP y del discurso histórico del partido en materia de Justicia. Tampoco cumple con el compromiso de intentar el consenso y está encontrando una oposición decidida del resto de grupos políticos –singularmente beligerante desde el PSOE–, pero también de todas las asociaciones judiciales, del propio Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Supremo.

Esta misma semana, la Sala Tercera del Alto Tribunal celebró una reunión interna en la que sus 39 magistrados expresaron su radical rechazo a la introducción de un vicepresidente del Supremo por designación directa del poder político.

LA SECESIÓN DE CATALUÑA: La consulta por la independencia agrieta a CiU

• JAVIER OMS BARCELONA
• 25/05/2013 ESPAÑA

La consulta por la independencia agrieta a CiU

Duran se acerca al PSC y pide negociar con el Gobierno antes de lanzarse a la votación

La futura ley de consultas de Cataluña, que podría facultar a la Generalitat para convocar una eventual votación sobre la independencia, ha reabierto las grietas en la relación entre Unió y Convergència.

Fue el propio Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, quien se encargó ayer de recordar que las diferencias en torno al soberanismo siguen vivas en la federación. Y lo hizo públicamente, a través de su carta semanal a la militancia de UDC, en la cual lamentó que CDC haya admitido abiertamente en el Parlament que la ley de consultas que se aprobará en cuestión de meses será utilizada para realizar un referendo soberanista. Para Duran, la federación nacionalista debería esforzarse «por dejar claro» que la nueva norma no será la vía prioritaria para preguntar a los catalanes, sobre todo, porque «si nosotros mismos empezamos a decir que esta ley permitirá una consulta sobre la independencia, nos encontraremos con el recurso ante el Tribunal Constitucional antes de que se apruebe». Así, el democristiano abogó por buscar «otros marcos legales», eso sí, «advirtiendo, para no engañar a nadie, de que requieren el visto bueno del Estado o de su acuerdo».

El presidente de la Generalitat no quiso dejar madurar las tesis de Duran, por lo que apenas horas después de que se divulgaran sus críticas, recordó a su socio que las preguntas que se planteen a la ciudadanía ya las decidirán «en su momento» las instituciones catalanas. Mas, quien aprovechó el anuncio del Premi Internacional Catalunya celebrado en el Palau de la Generalitat para responder al líder de UDC ante todos los medios, no descartó, en todo caso, que la separación de España ocupe una de las futuras consultas. «No se tiene que prever qué pasará, ni en un sentido, ni en otro», zanjó.

Con su misiva, Duran i Lleida también se acercó a las tesis del PSC, que advirtió el miércoles en el Parlament que la Ley de Consultas «no puede ser un ‘plan b’» ante el riesgo de que «nazca muerta» por los obstáculos que puedan plantear tanto la Constitución como el Gobierno. Una teoría que apuntaló ayer el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro. «Lo hemos dicho por activa y por pasiva: la nueva ley de consultas no debe ser la ley de la consulta soberanista», argumentó, antes de volver a sumarse a las voces –como la del propio Duran i Lleida– que reclaman una negociación con el Gobierno, que garantice la legalidad de la votación.

Frente común contra la Ley Wert por hacer efectivo el derecho constitucional de que todo español pueda estudiar en español en todo el territorio español.

Barcelona
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, señaló ayer que la reunión que mantendrán partidos políticos y comunidad educativa deberá servir para cosneguir «una posición común» que haga frente a la «agresión» que supone la ley de Wert.

El presidente catalán denunció que se trata de «una nueva Ley de Educación hecha por un Gobierno español, la séptima en 35 años, y eso es una demostración palpable de que los ejecutivos utilizan la educación pensando más en sus programas y en su ideología que en la educación», informa Efe.

Mas señaló que «hay temas claves como la agresión a la inmersión lingüística o la agresión a quién determina los contenidos del sistema educativo, temas que son nucleares, porque si perdemos esto, perdemos la identidad de nuestro sistema educativo y de autogobierno

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• DANIEL ÁLVAREZ PALMA
• 25/05/2013 ESPAÑA

Bauzá ahorra 420.000 euros en pruebas de catalán

El Gobierno balear que preside José Ramón Bauzá, del PP, ha reducido en un 92% el presupuesto destinado a financiar las pruebas de catalán: de los 456.400 euros de media que gastaba cada año el anterior Ejecutivo del Pacto de Progreso liderado por el PSOE la pasada legislatura –alcanzando la cifra récord de 604.850 euros en 2010– ha pasado a sólo 36.645 euros. El servicio ofrecido a los interesados en realizar los exámenes para obtener los títulos acreditativos de los distintos niveles de conocimiento de catalán es el mismo, pero ha adoptado una serie de medidas de ahorro.

La Consejería de Educación y Cultura, que ahora dirige Joana Maria Camps, recurrirá principalmente a personal propio del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) para las tareas de corrección y vigilancia de los exámenes y suprime las dietas porque ya no se encargarán estos trabajos fuera del horario laboral.
La pasada legislatura, el Gobierno balear contrataba a profesores que iban acumulando horas extra y llegó a pagar sobresueldos de hasta 5.600 euros a los docentes que corregían los exámenes. Ahora, en caso de ser necesario personal externo, el Governreduce las cuantías a pagar por día y examen corregido. Si antes eran entre 15 y 20 euros por cada examen corregido, ahora serán entre 5 y 10 euros.

Aunque otra de las medidas es que incorpora una aplicación informática para corregir las pruebas escritas. Además, el Govern deja de pagar por el alquiler de aulas a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), ya que las pruebas se realizan en institutos públicos. La pasada legislatura, pagaba 20.000 euros a la UIB por el alquiler de aulas.

TERRORISMO: La consejera de Seguridad arrea al PSOE vasco con el caso Faisán a cuenta de la bilduetarra Mintegi

• LEYRE IGLESIAS BILBAO
• 25/05/2013 ESPAÑA

Aralar se desmarca de Sortu y pide a ETA que entregue antes las armas

Zabaleta rechaza por insuficiente el reconocimiento del «daño causado» que los ‘abertzales’ pedirán a los presos mientras Currin quiere reunirse con los reclusos

Si la izquierda abertzale quiere que el Gobierno alivie la situación de los presos de ETA, no basta con aconsejar a sus reclusos que reconozcan el daño que han causado –cosa que sería «bienvenida»–, sino convencer a la banda terrorista de que dé un paso al frente, «por ejemplo entregando las armas», antes de aspirar a negociar nada con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es el mensaje que defendió ayer Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar y el único miembro de la coalición EH Bildu que todavía se atreve a mostrar su divergencia de criterio con la dominante izquierda radical.

El abogado navarro se aseguró mediante una nota de prensa de que sus palabras en Euskadi Irratia llegaban a toda la opinión pública y no sólo a los oyentes euskaldunes. Con ellas se desmarcó de la conclusión clave de la docena de recomendaciones destinadas al Gobierno y a ETA que cuatro relatores internacionales harán públicas este lunes en San Sebastián.

El documento es fruto de los encuentros del último foro social coordinado por Lokarri y ha sido consultado con Sortu y con el PNV –esta vez, el PSE-EE se ha mantenido al margen–. Aralar no ha participado en esos encuentros, según afirmaron ayer fuentes oficiales del partido, que conoce los contenidos del texto «a través de filtraciones».

Quien en 2001 abandonó HB por su rechazo al terror y ahora trabaja codo con codo con la antigua Batasuna, restó valor legal a estas «declaraciones personales» de «intenciones, valoraciones o arrepentimientos» por parte de los etarras, porque «no figuran en el Código Penal» y «no tienen consecuencias» en este ámbito.

A su juicio, «si el Estado no da pasos en ese sentido, y parece que no se van a producir, se deben dar los pasos que se deben dar sin esperar al Estado». Y puso dos ejemplos: «La entrega de las armas» y «el cambio de identidad de ETA», es decir, que la banda se reconvierta en una organización civil, una fórmula por la que Zabaleta apuesta en los últimos tiempos y que a ETA no le disgusta, pues sortearía el relato de la derrota –no se disolvería sino que integraría una corriente interna de la izquierda abertzale– y sus dirigentes podrían seguir haciendo aportaciones sobre cómo lograr una Euskal Herria independiente, socialista y monolingüe, esta vez por medios pacíficos. Algunos de los jefes de ETA quieren incluso ejercer personalmente la política.

Zabaleta insistió en que una vez que ETA tome estas decisiones (el desarme o la transmutación), deberá seguir exigiendo «la derogación de todas las leyes de excepción». No al revés, que es como está ocurriendo. «La próxima semana veremos cuáles son las recomendaciones o conclusiones del Foro Social, pero considero que las declaraciones no pueden ser la clave para avanzar en el proceso de paz», concluyó.

El citado Foro Social se celebró en marzo bajo la batuta de Lokarri, la misma plataforma que se encargó de la logística de la Conferencia Internacional de Paz que, celebrada en el Palacio de Aiete en San Sebastián, sirvió de pista de aterrizaje para que ETA declarara el «cese definitivo» el 20 de octubre de 2011. En el mismo lugar se presentará este lunes el documento resultante de ese seminario. La voluntad de sus organizadores es que puedan participar los relatores que han contribuido a su redacción, entre ellas Silvia Casale, ex presidenta del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.

Algunas fuentes no descartan que después de este pequeño Aiete dos el colectivo de presos sujetos a la doctrina de la banda, el EPPK, pueda hacer algún pronunciamiento. El jueves, sus portavoces fuera de las cárceles –entre ellos los ex reclusos Arantza Zulueta, Mitxel Sarasketa y Oier González– se reunieron con el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que ha permitido a ETA avanzar en su interés por internacionalizar el conflicto vasco.

El grupo de mediadores estuvo representado por Brian Currin, Alberto Spektorowski, Pierre Hazan y Raymond Kendall. Según los interlocutores del EPPK, «ambas partes destacaron la necesidad de buscar fórmulas para superar el bloqueo que actualmente vive el proceso y la implicación de todos que requiere esta vía». El colectivo encabezado por el abogado sudafricano les mostró además su intención de «reunirse» con los cabecillas de los presos en las cárceles, cosa que dependerá de la decisión del Gobierno.

Cree que la banda «debe dar los pasos que debe dar» al margen del Gobierno

Denuncian la «mediación» de Mintegi en Ondárroa

Laura Mintegi y su papel en el muro popular montado por la izquierda abertzale hace unos días en la localidad de Ondárroa (Vizcaya) para obstaculizar la detención de Urtza Alkorta, una colaboradora de ETA, protagonizaron ayer la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco.

PSE, PP y UPyD pidieron explicaciones a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, por haber mantenido una conversación telefónica con Mintegi minutos antes de que se iniciara la operación policial.

«Ante la ciudadanía vasca, la portavoz de EH Bildu apareció como garante, a petición del Gobierno vasco, de que en el desarrollo del operativo no iban a producirse actos de violencia y, lo que es más grave aún, pareció que esa interlocución había inferido capacidad de mando sobre los agentes que estaban actuando», denunció Mikel Unzalu (PSE), aludiendo a que Mintegi se dirigió a los mandos advirtiéndoles de que si se propasaban llamaría al número de teléfono «personal» que le había dado la consejera «para cualquier cosa».

«Parece que la dirección del operativo, o al menos esa fue la imagen que se dio, era compartida vía telefónica entre usted y la señora Mintegi», apostilló Nerea Llanos, del Partido Popular.

El ‘caso Faisán’

La propia Mintegi, que aunque no le correspondía tomó la palabra por alusiones, se volvió a arrogar el papel de «mediadora», de supervisora de que el operativo se desarrollara bien. Beltrán de Heredia negó por su parte que hubiera negociado los términos del despliegue de la Ertzaintza con Mintegi y aseguró que en la conversación se limitó a pedirle «responsabilidad». «No tengo nada que reprocharme, hablé ese día y hablaría mil veces», afirmó tajante.

La consejera se defendió de las acusaciones de los socialistas esgrimiendo el caso Faisán. «Ocasión tendrá su partido de contarnos conversaciones telefónicas, acuerdos, pactos, visitas y negociaciones con la izquierda abertzale», le espetó a Unzalu.

El lehendakari Iñigo Urkullu tomó también brevemente la palabra y lo hizo para respaldar «absolutamente» la gestión que hizo su consejera del problema de orden público generado por la presencia de cientos de personas que intentaban impedir la detención de la colaboradora de ETA y volver a felicitar al Departamento de Seguridad y a la Ertzaintza por «su forma de actuar».

CONVIÉRTASE EN INFALIBLE FRANCOTIRADOR por el módico precio de 20.000 euros

• PABLO PARDO WASHINGTON ESPECIAL PARA EL MUNDO
• 25/05/2013 EM2 CIENCIA

TECNOLOGÍA

Un rifle inteligente para francotiradores novatos, a la venta por 20.000 euros

Una empresa de EEUU comercializa al gran público un arma automática dotada con tecnología de los cazas para poder corregir los tiros aunque el objetivo se mueva o haya viento

Un rifle inteligente para practicar el deporte más antiguo del mundo. Es decir, la misma tecnología que llevan los aviones de combate, pero aplicada a la caza. La semana pasada, la empresa texana Tracking Point entregó el primer rifle inteligente, que aplica los sistemas de un cazabombardero a una escopeta. La persona decide qué matar y cómo, pero es el arma quien decide cuándo.

Por un precio de entre 22.000 y 27.000 dólares (de 17.000 a 21.000 euros), cualquiera puede ir a pegar tiros a un ciervo –o a una diana– con la certeza de que, si su puntería es mala, no pasa nada, porque su arma se encargará de que la bala dé en el blanco. Según explica a EL MUNDO el máximo responsable de la empresa, John McHale, «ni siquiera las Fuerzas Armadas tienen un arma de estas características».

Desarrollar este rifle inteligente ha costado años de esfuerzo a un equipo de 40 ingenieros. Y es que esta arma es una combinación de óptica, software, electrónica, vídeo e internet. El rifle, además, funciona en red, ya que puede conectarse por Wi-Fi a un iPad, de modo y manera que sus imágenes son colgadas en YouTube de forma inmediata. Pero el arma también se puede programar desde una aplicación que se descarga en la tableta. A medida que el software progrese, será posible ir actualizándolo desde el iPad.

Con el sistema activado, el cazador debe poner el dedo en el gatillo, a la manera clásica. Pero la máquina solo le dejará disparar cuando vaya a dar al blanco que previamente ha marcado. Para ello, usa un software Linux, de acceso libre, que mide desde la distancia hasta la velocidad de la bala, el movimiento del blanco, la postura de la persona que sostiene el rifle y hasta el viento o la brisa. Así, el deportista acierta el blanco de manera casi infalible.

Ahora bien, ¿cabe hablar de deportista? El rifle, en cierto sentido, lo hace todo. De hecho, a McHale se le ocurrió este proyecto hace cuatro años, en un safari en África. El consejero delegado de Tracking Point había cazado todos los animales que le permitía su licencia, menos uno: la diminuta gacela de Thomson, que apenas pesa 30 kilos.

Con estos rifles, sin embargo, es virtualmente imposible fallar a la gacela de Thomson. Y muchos cazadores de EEUU rechazan este producto. Claro que eso a McHale no le quita el sueño. «Siempre habrá gente a la que no le guste. Igual que cuando llegaron las cámaras digitales, que ahora se han impuesto», explica a este periódico.

Otro problema es el de la seguridad. Con estos rifles, no hace falta tener mucha experiencia para convertirse en un francotirador de primera. En Tracking Point, recuerdan que el botón desde el que se activa todo el sistema informático del arma puede ser bloqueado con una contraseña, igual que se hace con un teléfono móvil. Si no se teclea ese código, el rifle es como un arma normal.

Pero el rifle inteligente está sobreviviendo sin problemas a todas esas controversias. «La demanda está siendo abrumadora. Planeábamos fabricar 50 rifles al mes, pero no vamos a dar abasto, así que hemos firmado un acuerdo con la empresa Remington –uno de los mayores fabricantes de armas de EEUU– para hacer juntos 1.000 al año», explica McHale. Cazar con la misma tecnología con la que se bombardea Afganistán parece tener mucho atractivo.

EL BRIBÓN DE BÁRCENAS

• MANUEL MARRACO MADRID
• 25/05/2013 ESPAÑA

Ruz rechaza anular pruebas clave de ‘Gürtel’

Avala las grabaciones subrepticias a Correa que dieron origen a la investigación

El juez del caso Gürtel ha rechazado la petición de Francisco Correa –a la que se habían adherido imputados relevantes como Luis Bárcenas– de anular las grabaciones subrepticias que dieron origen a las pesquisas, y con ellas toda la investigación del caso.

Se trata de las grabaciones que el ex concejal popular de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas presentó en 2008 ante la Udef y que incluían más de 60 horas de conversaciones en las que el supuesto jefe de la trama, su número dos, Pablo Crespo, y la también imputada Isabel Jordán hablaban de las actividades de la red.

A juicio del abogado de Correa, José Antonio Choclán, las grabaciones «lesionan de modo irreversible el derecho de la intimidad» de su defendido, «dando lugar a una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales». Por tanto deberían anularse, al igual que toda la investigación derivada de ellas.

La respuesta del magistrado es que Correa no tenía un derecho a que Peñas no grabara las conversaciones que ambos mantenían; más bien existía una obligación de Peñas de denunciar los presuntos delitos que oía relatar y un derecho a hacerlo apoyado en la grabación de las conversaciones que voluntariamente Correa mantenía con él.

«En el caso presente», sostiene Ruz, «debe mantenerse incólume la constante y nutrida jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativa a licitud y plena eficacia de las grabaciones subrepticias realizadas por particulares como fuente del descubrimiento de delitos, sin vulneración de derecho fundamental alguno, siendo preponderante el deber u obligación de denunciar que impone [la ley] a todos los ciudadanos, interés superior y constitucionalmente relevante que justifica el sacrificio del derecho a la intimidad del afectado o afectados por la grabación».

Correa y otros imputados sostenían que la Constitución no impide que alguien transmita oralmente o por escrito una conversación que ha mantenido, «pero sí impide la puesta en circulación de la propia comunicación, o de su grabación subrepticia, sobre la base de que el acto de comunicación no conlleva una renuncia a controlar la eventual plasmación material o la grabación de lo comunicado». Para ello se apoyaba en reciente resoluciones del TC que invalidaban grabaciones obtenidas por periodistas mediante cámara oculta.

El juez responde que se trata de una comparación «artificial». En Gürtel no se trata de cámaras ocultas y del derecho a la información frente al derecho a la intimidad y a la propia imagen. Se trata de grabaciones de audio que «no aparecen en modo alguno dirigidas al ejercicio del derecho de información propio de la profesión periodística, sino al cumplimiento de la obligación legal de denunciar los delitos de que se tuviera conocimiento».

Finalmente, el juez resta importancia a la relevancia de las grabaciones en el origen de la investigación, que los imputados estiman determinante. Considera que el verdadero punto de partida de las pesquisas es la denuncia presentada por Peñas ante la Udef «con detalle y precisión». Las grabaciones serían sólo un medio de apoyo.

En un primer momento, el juez se negó siquiera a responder a la petición, ya que consideró que la defensa de Correa tenía que haber presentado su petición al levantarse el secreto de la causa, y no tres años después. Sin embargo, la Sala de lo Penal dio la razón a un recurso de Correa y ordenó al juez que se pronunciara. Ahora la decisión del instructor puede ser recurrida de nuevo a la Sala.

Dice que el concejal José Luis Peñas tenía obligación de denunciar los delitos

Cree que el caso no es comparable al uso de cámaras ocultas que limita el TC

Los datos bancarios avalan los ‘papeles’

Un informe de la Udef amplía la correlación entre las cuentas en B y las oficiales

El último informe de la Udef sobre los papeles de Bárcenas refuerza la conexión entre esa supuesta contabilidad B del partido y la reflejada en sus cuentas oficiales. El documento remitido el jueves a la Audiencia Nacional analiza la documentación enviada recientemente por el Banco Santander sobre las tres cuentas en las que sucesivamente el PP ha ingresado las donaciones de los últimos 20 años.
El resultado es que esos documentos refuerzan la conclusión del informe previo en el que la Udef expuso las «existencia de una correspondencia» entre los papeles de Bárcenas y la contabilidad oficial del PP y en el que apuntaba que el partido fraccionaba los donativos para que no superaran el límite legal. El nuevo informe, dice la Udef, «permite ampliar las correlaciones» a los documentos bancarios. Ahora ya coinciden tres cosas: los apuntes de la contabilidad B, los asientos de la contabilidad A y movimientos bancarios.

«La información contenida en el presente informe permite ampliar las correlaciones a la materialización de las entradas de fondos en las cuentas bancarias en las entidades de crédito mediante ingresos en efectivo o entrega de cheques , existiendo una concordancia en las fechas, una identidad en los importes y una vinculación directa con las cuentas que recogen de forma exclusiva los ingresos por aportaciones privadas ya sean anónimas o nominativas», dice la Udef en el apartado de conclusiones.

El día de más movimiento de los estudiados por la Udef –que sólo investiga los vinculados a los papeles de Bárcenas– fue el 12 de enero de 2005, cuando en la ventanilla de la oficina de Banesto situada frente a la sede de la calle Génova se hicieron ocho ingresos en efectivo por un valor total de 111.840 euros. El apunte más elevado de los papeles investigados por la Policía es uno del día después de Reyes del año 2004. Bárcenas anotó en su contabilidad 206.900 euros. La cantidad corresponde con siete ingresos en efectivo efectuados los días 7 y 8 de enero en el Banco de Vitoria.
Con los últimos informes, la Policía ha confirmado que 15 apuntes de salida de fondos de donativos tienen su correspondencia tanto en la contabilidad A del partido como en documentación bancaria.
Ninguno de los ingresos supera por sí solo los 60.000 euros, límite máximo de las donaciones conforme a la normativa vigente hasta 2007, cuando se elevó a 100.000 euros al tiempo que se prohibían las entregas anónimas. Los investigadores han puesto de manifiesto en sus informes que la comparación entre los papeles de Bárcenas y la contabilidad oficial lleva a a pensar que el partido fraccionaba las donaciones que superaban esa cifra antes de ingresarlas en el banco.
El informe fue examinado por las acusaciones y las defensas el jueves por la tarde, antes del interrogatorio al cajero y a la jefa de contabilidad del PP.

ECONOMÍA: Si Bankia hubiera vendido City National Bank of Florida por un 28% menos del precio que pagó por ella, sería un PELOTAZO

(El 15/5/2008 Santander, primer banco español, valía 14,22 euros y ayer cerró en 5,30 euros, lo que supone una devaluación del 62,3 %. Si en la venta del City National Bank of Florida (CNB) Bankia sólo hubiera perdido el 28%, eso sería un PELOTAZO)

Bankia vende el banco de Florida por un 28% menos de lo que costó

José Ignacio Goirigolzarri se deshizo ayer del banco que compró Miguel Blesa hace cinco años y por el que el ex presidente de Caja Madrid pasó una noche en prisión hace una semana. El consejo de administración de Bankia aprobó la venta de City National Bank of Florida (CNB) a la entidad chilena Banco de Crédito e Inversiones por 683 millones de euros.

Dicho de otra manera, la nueva Bankia vendió la entidad a un 28% menos del precio que pagó por ella Caja Madrid en 2008. Blesa negoció una operación en dos tramos, en la que invirtió un total de 1.137 millones de dólares, esto es, casi 880 millones de euros al cambio actual, según consta en el informe del Banco de España. El ex presidente de Caja Madrid adquirió entonces el 83% del banco y Rato compró después el 17% restante.

La entidad que dirige Goirigolzarri se anotó, no obstante, unas plusvalías de cerca de 180 millones de euros, después de que el grupo bancario saneara el banco cuando se fusionaron las siete cajas de ahorros que conforman Bankia.

Un comunicado remitido por la entidad reconoció que la operación tendrá «un impacto positivo», tanto en resultados como en el capital de Bankia. Según reconoció el banco, la entidad realizó a finales de 2010 provisiones para cubrir las pérdidas latentes de este activo. Las previsiones contemplan que esas plusvalías generen un ratio de core capital aproximado de 30 puntos básicos, como consecuencia del precio obtenido en la transacción y la reducción del balance.

El calendario previsto contempla que la venta se cierre entre el último trimestre de 2013 y el primero de 2014. No obstante, la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, España y Chile.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoció en un comunicado que «la venta de City National Bank of Florida es una gran operación para Bankia, que nos permite avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados en nuestro plan estratégico 2012-2015». Es más, señaló que están «muy satisfechos de avanzar en el cumplimiento de los hitos establecidos en el plan y en culminar la gestión de una operación realizada en el marco de un procedimiento competitivo, desarrollado con publicidad y concurrencia».

La venta del 100% de las acciones de la filial de Florida reducirá la plantilla del grupo BFA-Bankia en 435 personas. «Se avanza, así, en el objetivo de lograr el mayor número posible de salidas no traumáticas de empleados dentro de la reestructuración de la entidad», precisó la entidad.

Esta desinversión forma parte de los compromisos adquiridos por el banco, en el marco del plan de reestructuración del grupo bancario, aprobado por las autoridades españolas y europeas en noviembre de 2012. El proceso de desinversión, en el que Bankia ha contado con la colaboración de Goldman Sachs y Sullivan&Cromwell, generó un gran interés en el sector, según informa Europa Press.

En la puja por la filial de Florida también participó Banco de Brasil, que en un primer momento se erigió como el potencial comprador mejor posicionado, según fuentes del sector. También hubo entidades españolas interesadas, como Sabadell y Popular. Si bien, éstas decidieron retirase ante de la fase de presentación de ofertas firmes.

En concreto, el banco reveló que la negociación final de la operación se realizó con tres entidades financieras. «Es una gran operación, desarrollada en un marco competitivo y muy concurrido», precisó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

• M. RECUERO C. SEGOVIA M. MARRACO MADRID
• 25/05/2013 PORTADA

Botín y González dijeron a Guindos que el plan de Rato no era creíble

El presidente del BBVA insinúa que el ex presidente de Bankia pidió sólo 7.000 millones para seguir en el cargo

Puntuales y concisos en su cita con la Justicia. Emilio Botín y Francisco González coincidieron ayer en que las cuentas de Bankia que Rodrigo Rato presentó del año 2011 no eran creíbles. Así lo reconocieron al juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación de la crisis de Bankia. Los presidentes de los dos principales bancos de España –Santander y BBVA, respectivamente–, junto con Isidro Fainé, máximo responsable de CaixaBank, acudieron al despacho de Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, para rendir cuentas de las dos reuniones que mantuvieron con el ministro de Economía, Luis de Guindos, en vísperas de que Rato presentara su dimisión como presidente de Bankia. Las cuentas no tenían credibilidad y era necesaria una intervención, apuntaron los banqueros.

Con actitud crítica, pero moderada, Botín afirmó al juez que él era partidario de «una intervención rapidísima» en Bankia, porque «había que poner mucho dinero», según reconocieron a este diario fuentes judiciales presentes en la comparecencia del banquero.

Es más, preguntado por el plan que presentó Rato para sanear la entidad y por el que requería ayudas públicas de 7.000 millones, el presidente del Santander no dudó al advertir de que él consideraba necesarios al menos 15.000 millones de euros.

Botín, que declaró como testigo en el caso, al igual que González y Fainé, dejó claro al juez que en las reuniones que mantuvo con Luis de Guindos le confesó que le preocupaba la situación de Bankia porque los mercados también estaban preocupados. En este sentido, reconoció que «en aquel momento, la mejor solución es la que tomó el ministro, una rápida recapitalización de Bankia».
Por su parte, González, que fue el último en entrar en el despacho de Andreu, por detrás de Botín y Fainé, declaró al juez que las cuentas de Bankia «no eran creíbles». Advirtió de que en aquella época había «desconfianza enorme» en los mercados sobre el sistema financiero español y que Bankia necesitaba «muchísimo dinero».

El presidente de BBVA reconoció que la estimación que dio a De Guindos para sanear a la entidad fue de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, respaldándose para ello en «muchos informes de bancos de inversión», según apuntaron testigos presenciales de la declaración del banquero.
En este sentido, el abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Andrés Herzog, que llevó el peso del interrogatorio a los banqueros, preguntó a González que por qué Rato pidió una cifra muy inferior. El responsable de BBVA respondió, no sin antes aclarar que lo hacía como «opinión personal».

Según el banquero, el ex ministro se limitó a pedir esa cantidad porque era «la máxima que podía presentar». El grueso de abogados asistentes consultados por este diario señalaron que González dio a entender que Rato no pidió más apoyo público, porque sabía que superando esa cifra tendría que dejar el cargo en Bankia al sufrir una nacionalización. Herzog afirmó que escuchó decir a González la expresión de que Rato presentó la única cifra que le permitía seguir en la presidencia. Sin embargo, fuentes de BBVA negaron que su presidente hubiera sido tan explícito.

Otros abogados consultados por este diario reconocieron que Francisco González dijo al juez que Rato defendió los 7.000 millones en la reunión que mantuvieron con Guindos alegando dos motivos. Primero, que los créditos fiscales podían considerarse un activo; y segundo, la manera de valorarlos, razones que el presidente de BBVA estimó que el mercado no creía «viables», además de advertir de que «la contabilidad es un chicle» en referencia a la de Bankia. Es más, concluyó que «la diferencia» entre 7.000 y 20.000 millones era la nacionalización de la entidad.

Insinuación o afirmación, ayer se confirmó el alejamiento personal entre González y Rato, pese a la fuerte amistad que les unió hace 20 años. Cuando el Gobierno de José María Aznar llegó al poder, en 1996, Rodrigo Rato respaldó el nombramiento de González como nuevo presidente de Argentaria. Éste impulsó posteriormente la fusión con BBV y logró forjar el segundo banco del país que preside actualmente.

No obstante, la relación entre ambos se enfrió cuando el ex ministro asumió en 2010 la presidencia de Caja Madrid, aceptando una fusión con Bancaja que el presidente de BBVA consideró perjudicial para el sector en su conjunto. Un año después, el banco vasco se convirtió en la única entidad del sistema que rechazó comprar acciones de Bankia durante la salida a Bolsa de la entidad.

Precisamente, González insistió ayer en que las fusiones entre cajas de ahorros, como las que dieron lugar a la creación de Bankia, eran un error, frente a la declaración del presidente de CaixaBank, que admitió que hubo conversaciones meses antes de la caída de Rato entre la Caixa y Bankia.

Isidro Fainé reconoció al juez que esta operación supondría «formar uno de los primeros bancos de Europa», no obstante, también corroboró al magistrado que la fusión «no prosperó». Fainé fue el único de los tres banqueros que calificó de «coherente» el plan de 7.000 millones presentado por Rato para sanear la entidad financiera, pero añadió que «los mercados no pensaban lo mismo».

Botín, Fainé, González, Rato y Guindos se reunieron el 4 y el 6 de mayo de 2012, justo tres y un día antes, respectivamente, de que el ex ministro presentara su dimisión como presidente del banco. Lo hizo el 7 de mayo. Los banqueros declararon al juez que consideraron «normal» ese tipo de reunión, porque «era un momento difícil, a punto del rescate y de gran preocupación», según apuntaron fuentes presentes en las declaraciones.

Ninguno de los tres banqueros conoció el plan de Rato antes de esas reuniones. Botín aclaró que no sabía «nada» del contenido y que los encuentros no se hacían para tomar decisiones, sino para opinar. Fainé, por su parte, reconoció que el plan del ex ministro «salió en la conversación», en referencia a la primera reunión, en la que hablaron de la situación económica y financiera de España, además de los decretos de saneamiento inmobiliario impuestos por Guindos, para entrar después en el asunto de Bankia. Negaron que se evocara el nombre de José Ignacio Goirigolzarri, que relevó a Rato la semana siguiente y coincidieron con Guindos en la alarma internacional que existía con Bankia y su efecto en todo el sector financiero español.

González afirmó que no le sorprendió que se convocaran esas reuniones porque «la situación económica era complicada». Es más, precisó que «se discutió mucho del problema de Bankia» y que había «diferencias» entre lo que pensaban los tres banqueros y lo que pensaba Rato. No dudó al señalar a Fernando Andreu que Bankia era «el elefante de la habitación».

La comparecencia de los banqueros se produce casi un año después de que se abriese la instrucción del caso.

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Marisa Recuero.

Botín: Era necesaria «una intervención rápida» con 15.000 millones de euros

González: «Bankia era un elefante en una habitación» con «chicle» contable

Fainé vio el plan de Rato «coherente» pero «los mercados no pensaban igual»

Todos coincidieron con Guindos en que Bankia provocaba alarma en el exterior

 

• VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
• 25/05/2013 ECONOMÍA

Tensión en el supervisor nuclear por la nueva prórroga a Garoña

El CSN da un año más a la central y una consejera denuncia presiones de Industria

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puso fin ayer a toda la expectación generada en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, después de que la empresa propietaria solicitara al Ministerio de Industria prorrogar la licencia de explotación hasta 2014 para evaluar con detenimiento si pide o no alargar la vida de la instalación burgalesa a largo plazo.
Tras celebrar cuatro plenos maratonianos en cinco días, los consejeros del supervisor nuclear aprobaron ayer con tres votos a favor y dos en contra dar luz verde a la prórroga de un año. El comunicado emitido por el CSN establece como condición que el titular de la instalación –propiedad de las eléctricas Iberdrola y Endesa– «no pueda introducir combustible en el reactor» y, en consecuencia, volver a generar electricidad salvo que el CSN le dé su visto bueno. La instalación se encuentra en una especie de stand by desde el pasado mes de diciembre, cuando Nuclenor decidió vaciar el reactor y desconectar la instalación para esquivar el impacto fiscal de los nuevos tributos a los residuos nucleares que entraron en vigor el pasado 1 de enero.
La decisión tomada ayer por el pleno del CSN no estuvo exenta de polémica. Cristina Narbona, ministra de Medioambiente en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y consejera del supervisor nuclear desde el pasado mes de abril, denunció en declaraciones a Europa Press las «presiones» que ha sufrido el consejo por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. «Es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías», argumentó en relación al límite temporal marcado por el Gobierno al CSN para pronunciarse al respecto. Esta situación, a su juicio, pone en riesgo la credibilidad del organismo.
El otro voto en contra de prorrogar un año la licencia de Garoña fue emitido por la vicepresidenta de la institución, Rosario Velasco. La ex diputada socialista, no obstante, quiso quitar hierro a las palabras de su colega en el CSN al negar «cualquier tipo de condicionante político» sobre la decisión tomada por el pleno.
Una vez se ha pronunciado el CSN, el Ministerio de Industria revocará parcialmente en los próximos días la orden ministerial que permitía a las eléctricas solicitar la prórroga de la instalación y que éstas decidieron ignorar por la aprobación de los nuevos impuestos energéticos y el clima de «incertidumbre» en el sector.
Así, Nuclenor tendrá un año más –hasta el 6 de julio de 2014– para pensarse si solicita o no la prórroga de la instalación a largo plazo. Durante este plazo la empresa seguirá negociando con Industria un marco estable en el que la central sea rentable en términos económicos, que a juicio de las eléctricas pasa por aumentar su periodo de vida para poder amortizar el impacto de los nuevos tributos y las inversiones pendientes de realizar en materia de seguridad.
Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE criticó la «devaluación» y el «maltrato» que el Gobierno ha infligido al CSN rompiendo «todos los protocolos de tiempos de los técnicos» con el objetivo de dar cobertura política a una decisión de una empresa. De esta forma, el grupo parlamentario socialista pedirá la próxima semana la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, en el Parlamento para explicar la decisión.

Las dos consejeras designadas por el PSOE votan en

contra de la prórroga

Narbona advierte de que la decisión pone en riesgo la

credibilidad del CSN

FIRMAS: Secondat, A Espada, V de la Serna, FJ Losantos, J Villán, J Miravalles

BREVETE

SECONDAT

Igualdad por el deporte

Durante bastante tiempo se ha intentado, sin éxito, que los pueblos europeos abandonasen los prejuicios raciales, admitiendo en sus comunidades a los seres humanos de distintas razas y colores. Pero se fracasó, y los negros, por ejemplo, no fueron acogidos con amabilidad. Sin embargo, los clubes deportivos han fichado a los jugadores que consideran mejores, sin importarles el color de la piel o las facciones extrañas. Poco a poco, hoy en cualquier competición aparecen las figuras de distintas razas. (Lo comprobaremos esta noche en la final de la Champions). Ya no es posible contemplar un buen partido de fútbol sin apreciar en las filas de los contendientes a jugadores negros, a los que luego todos abrazan y felicitan cuando ganan. Lo que no consiguió el razonamiento de la igualdad de todos ante Dios, lo ha logrado el deporte. El rey Alfonso XIII dijo un día: «El deporte es más económico para los pueblos que la Liga de Naciones». Menos caro y, en ciertos aspectos, más eficaz

EL CORREO CATALÁN

ARCADI ESPADA

Un mito aprovechado

Querido J:
La otra noche intervino el ex presidente Aznar en la televisión y aún sigue ahí. La síntesis de los comentarios es que vuelve el Español y el Hombre. Me ocuparé de lo primero, por accesible. Y espero que por última vez.
José María Aznar gobernó entre los años 1996 y 2004. Dos legislaturas. La primera con el apoyo de CiU y la segunda con mayoría absoluta. Su política fue favorable a todos los nacionalismos, desde el gallego al catalán, pasando por el vasco. En la entrevista fue preguntado por la situación creada por el Gobierno de Artur Mas. Respondió con una sentencia contundente: el Estado ya no tiene instrumentos que garanticen la cohesión territorial.
Puede que tenga razón. Sin embargo me sorprendió que no aludiera, en tono autocrítico, a lo que hizo su presidencia para que este instrumental se debilitara. Esta relación, por ejemplo, de siete hechos, obviamente no exhaustiva, se refieren sólo a Cataluña. Es ahí donde se ha producido el reto. Y es también donde en 1996 se firmó el llamado Pacto del Majestic, vértebra de la política autonómica de Aznar.
1.- Aznar hizo que el porcentaje del IVA y el IRPF transferido a las comunidades autónomas pasara del 0% y el 15% al 35% y al 33%, respectivamente. Y se cedió el 40% de los impuestos especiales.
2. Aznar no llevó al Tribunal Constitucional la ley catalana que preveía sanciones lingüísticas e impidió que el Defensor del Pueblo lo hiciera.
3. Aznar retiró competencias vitales a la Guardia Civil en beneficio de los Mossos d’Esquadra.
4. Aznar eliminó el servicio militar mediante un pacto parlamentario con CiU.
5. Aznar acabó con la figura del gobernador civil.
6. Aznar impidió que el Partido Popular desarrollara en Cataluña una política beligerante contra el nacionalismo.
7. Aznar acordó la entrega –excepcional– a la Generalitat de varios canales de TDT.
Puede discutirse el acierto o la necesidad de cada uno de estos siete apartados. Pero es difícil sostener que hayan favorecido la cohesión territorial. Y eso por no hablar de las medidas que no tomó: por ejemplo, la de tratar de fijar unos contenidos educativos comunes (se empeñó sin mayor éxito Esperanza Aguirre con su famosa y frustrada reforma de las Humanidades) o garantizar la enseñanza en español como, al fin y al cabo, y a trancas y barrancas, está haciendo el laborioso ministro Wert.
Al margen de la cohesión, su política fue amable y fértil con el Gobierno de Cataluña. No sólo es que dijera, sin rastro de ironía, que hablaba el catalán en la intimidad. Es que, en las cosas tangibles, facilitó la ampliación de puerto y aeropuerto, introdujo la continuidad del AVE, desvió el río Francolí e inició el desdoblamiento de la N-II a su paso por Gerona. En realidad, a lo único que se negó fue a transferir el aeropuerto: al parecer, por la cuestión simbólica de que los viajeros debían seguir aterrizando en España.
La respuesta del nacionalismo a su amabilidad es conocida. Se negó por tres veces a entrar en el Gobierno, a pesar de que Duran Lleida era favorable a hacerlo. Y, sobre todo, consiguió disfrazar de manera perversa esta política favorable.
Para ello, el nacionalismo aprovechó algunas minucias intrascendentes, pero llamativas. Unas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre los torneos de canicas que disputarían las selecciones autonómicas. O la colocación de la importante bandera española en la plaza de Colón, gallardón. Y aprovechó, sobre todo, el bajonazo que la Guerra de Irak provocó en la imagen de Aznar para encasquetarle una beligerancia añadida contra Cataluña: empezó a decir, sin rebozo y sin vergüenza, as usual, que el aznarismo era una fábrica de independentistas.
Cuajó.
Lo puramente maravilloso es que nuestro Aznar de hoy se identifica gustosamente con el traje de fuerza que le han cosido los nacionalistas. Es decir, ha renunciado por puro interés mitológico a los hechos que protagonizó y que constan, porque las mentiras de los enemigos le son hoy más útiles que las verdades, escasamente épicas, de los compañeros.
Para que semejante aparato mitológico se deshaga basta, sin embargo, que se proyecte la luz, y durante pocos segundos. De hecho, el mito no llegó indemne ni al final de la propia entrevista, cuando Victoria Prego se abrió paso entre sus declamaciones melancólicas de «¡Más España!» y le urgió a comportarse como un gobernante:
– ¿Recuperaría o no las transferencias?, le insistió después de que por dos veces le hubiese dado largas cambiadas.
– ¿Haría que el Estado tuviese los instrumentos suficientes para garantizar la cohesión social, la cohesión territorial y la cohesión de solidaridad entre todos los españoles? ¿Con todas sus consecuencias?
A lomos de su enfática indefinición regresó el Aznar veraz. Es decir, el hombre que, dada la remota hipótesis de volver a ser, no se atrevería a recuperar las competencias del Estado. Asunto explicable, ciertamente, porque significaría no solo arrancárselas a Cataluña, sino también a él y a su pasado.
Sigue con salud
A.

Aznar impidió que el PP desarrollara en Cataluña una política beligerante contra el nacionalismo

Los nacionalistas lograron

disfrazar de manera perversa esta política

favorable

LA POLÉMICA NACIONAL

VÍCTOR DE LA SERNA

Aplausos y pitos a Aznar, a diestra y siniestra

>EL REGRESO DEL EX PRESIDENTE AL PRIMER PLANO POLÍTICO
La entrevista de José María Aznar en Antena 3 desató las previsibles reacciones dentro del abanico político: el actual PP, puesto en tela de juicio, se mostró casi tan crítico como una oposición que une en sus reacciones al ex presidente resentimiento y desconfianza. Mayor división se percibe en la prensa.
Desde El País, lógicamente, alud de oprobio sobre un Aznar al fin explícito en sus críticas al grupo Prisa. Así, Josep Ramoneda: «Puede que no sea el inicio de nada, sino el canto del cisne de un personaje engreído, que parece creer que este país le debe alguna cosa, cuando fue durante su mandato que empezó el delirio nihilista que nos ha llevado al desastre». (Delirio nihilista, caramba…).
A la derecha, también palos. El mito Aznar y otras supersticiones, titulaba Fernando Díaz Villanueva en La Gaceta un cáustico comentario: «Sin quitar mérito a alguna que otra reformilla menor de aquellos gabinetes de jayanes endomingados, los cimientos de nuestra ruina actual se sentaron en el octenio del bigotes, se consolidaron en el septenio del cejas y están pasando su última y dolorosa factura en el bienio del barbas».
Muy diferente era el juicio de Hermann Tertsch en ABC: «Los odiadores de Aznar han reaccionado como deben. Con fobia primitiva o con ese desprecio impostado que no es sino miedo. No están sólo en la izquierda y en la generación zapaterista del odio incondicional a Aznar, como símbolo –quizás con el cardenal Rouco– de la España a ofender y aplastar. Están en su partido. Donde principios y convicciones ya son hoy una irritante denuncia del oportunismo de esa tropa en la que caben todas las ideas. La que quiere un PP como aséptico cuadro de mando de una empresa gestora para el medro, reparto, ejecución y disfrute del poder.».
Equilibrismo fino en un editorial de ABC: «Aznar y Rajoy no están tan lejos». También restañaba heridas, o lo intentaba, La Razón, órgano próximo a Rajoy: «Pueden existir diferentes interpretaciones sobre los ‘tempos’, pero no las hay en lo que se refiere a los principios que informan el PP. Por ello, más allá de las controversias de unos días, ambos líderes, que son referentes incuestionables del centroderecha español, deberían retomar los encuentros personales». Pero también salía Agustín de Grado: «Las alertas se disparan. Es la voz que dio Aznar con su entrevista. Meciéndose en ‘la lánguida resignación’ de que nunca hay alternativa posible, ni en el programa con el que ganó las elecciones, el PP corre un riesgo cierto: seguir el camino del PSOE y convertirse en un partido abandonado incluso por su electorado natural».
Y desde El Periódico, Enric Hernández (perdón: Hernàndez) lanzaba un piropo envenenado a Aznar, deslindando «las espurias motivaciones de su diatriba» de «los fundamentos de la diatriba»: «Más allá de su arrogancia, afán de protagonismo y sed de venganza, la visión sombría de Aznar sobre la ejecutoria de Rajoy no dista, a juzgar por los sondeos, de la que tienen muchos votantes del PP. ‘La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero’, escribió Machado».

LAS CUATRO ESQUINAS

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

Entrevista en Antena 3

José María sigue siendo Aznar...

Ni sus colaboradores más íntimos esperaban que Aznar, en apenas 40 minutos y en el frío y galáctico estudio de A3 TV, presentara una enmienda a la totalidad de la labor de Gobierno de Rajoy y una moción de censura al presidente del PP, que también es Mariano. La primera sorprendida fue la entrevistadora GloriaLomana, más nerviosa que el entrevistado, que con deliberada lentitud y hablando por debajo del que fuera frondoso bigote y ahora musgo venerable, fue desgranando un discurso demoledor, instando al PP en el Gobierno a cumplir el programa apoyado por los votantes y que es el que con tanto éxito aplicó él en Moncloa. Lo peor para Rajoy no fue la contundencia de las críticas a Montoro–al grupo Prisa lo nombró y trituró– sino la imagen de autoridad que transmitió. La mitad de lo que dijo no era coherente con lo que realmente hizo en el Gobierno, pero con un electorado en descomposición y un Rajoy evanescente, Aznar dio una sensación de liderazgo apabullante. La audiencia, notable entre los jóvenes, mostró que, mal que nos pese, el PSOE no ha tenido otro Felipe y que, en el PP, Aznar sigue siendo Aznar.

Presunto fraude fiscal

La Infanta es más imputable que nunca...

Pese a lo que en el futuro se verá como una de las chapuzas fiscales más sórdidas del siglo XXI, Montoro y algunos diarios juancarlistas –fervorosa y paradójicamente antimonárquicos– no han logrado arrancar a la Infanta Cristina de las manos de la Justicia. Perece desorejada prevarigalupación decir que las declaraciones de la Infanta están bien porque ha declarado la nómina de La Caixa y la consignación anual del Rey, cuando en realidad están declaradas por Fainé y la Casa Real. Pero que la Agencia Tributaria reconozca que Cristina cambió con su marido la presidencia o jefatura de Aizoon (sociedad patrimonial cuya propiedad comparten al 50%), justo cuando Urdangarin fue imputado por la saga presuntamente delictiva de Nóos-Aizoon, pero no quiera investigar a Cristina porque dice que el único que allegaba fondos era Urdangarin es algo más que una tomadura de pelo a la ciudadanía. Y tanto ardor cortesano ha resultado contraproducente. El juez Castro, humillado y ofendido, ha decidido investigar la singladura fiscal completa de Cristina. O sea, medio año más de juicio y más lodo sobre la Corona.

La reacción del presidente

...y Rajoy sigue siendo Mariano

No tenía fácil el miércoles el presidente del Gobierno contestar al memorial de agravios y programa alternativo de Gobierno del que, contra pronóstico, lo nombró sucesor pensando que las elecciones de 2004 estaban ganadas –y lo estaban antes del 11-M y su manipulación política y mediática– y que sería un buen gestor de su herencia. Y ante la dificultad, Rajoy hizo de Mariano, o sea, que se calló. Pero en su soberbia ataraxia se le escapó alguna perla, como «no me sacarán declaraciones contra (no dijo sobre) ex presidentes del Gobierno», como si no hubiera dicho nunca nada contra Felipe y Zapatero, y por supuesto azuzó a los suyos para que «royeran los zancajos» (Quevedo Genovevo dixit) al hombre al que le debe todo lo que ha sido y buena parte de lo que es. Y lo peor de la respuesta muda del líder real al líder moral del PP es que su equipo ha estado penoso y que de los barones territoriales que, a la luz de las encuestas, ven su poder en el aire, no ha salido ni uno a poner a caldo a Aznar. A veces, en el nebuloso reino de las apariencias políticas, no aparecer es como no ser. O ser bastante poco.

Consecuencias del atentado

... y el islamismo es tan peligroso como siempre

Las imágenes de un islamista que acaba de cortarle la cabeza a un soldado británico en pleno Londres y que pregona su hazaña a unos testigos boquiabiertos, han llegado a todas partes y horrorizado a casi todo el mundo. Pero es difícil que cambien la postura avestrucesca de la casta política sobre el islamismo que incuba y patrocina la propia sociedad occidental. Cameron ha respondido, en vísperas de la final de la Copa de Europa en Wembley, que «es la hora de estar más unido que nunca con la comunidad islámica». Traducido del politiqués: «hay que evitar que el voto musulmán nos abandone en distritos electorales importantes». Como si no fuera cierto islamismo dialogante con Occidente –saudí, marroquí, qatarí– el que patrocina la expansión de mezquitas donde se predica el odio al infiel –el cristiano, el judío, el simple ateo o descreído–, digno siempre de ser degollado para imponer el Islam en el mundo. En Suecia, barrios islamistas donde se ha impuesto la sharia liberticida celebraron la decapitación de Londres apedreando a la policía. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

DESAVENENCIAS

JAVIER VILLÁN

Fulgor de sangre

Ni aficionados ni periodistas vamos a la plaza sedientos de sangre. Por eso, la cornada de un buen peón como Valentín Luján, ya con la Puerta Grande abierta para su jefe Alejandro Talavante, rompe los esquemas. Como, los rompió el otro día la cogida de Iván Fandiño, que lo ha dejado fuera de combate por un tiempo. Pero a Luján lo que es de Luján y a Alejandro Talavante lo de que es de Extremadura. El extremeño cortó las dos orejas a un victoriano que debiera haber sido condenado a banderillas negras, no porque fuera especialmente perverso, sino porque los picadores fueron incapaces de picarlo. Luego, Talavante le perdió la cara y el victorianodelrío, avisado y con genio rabioso, se lo echó a los lomos. Ahí, la gente entró en la aguerrida faena de Talavante, vía sentimental.
Los varilargueros machacan al toro blando y babosa, le tapan la salida y le hacen la famosa carioca incapaces de aplicarla para lo que la inventó Atienza; para los toros mansos y huidizos. En compensación ahí queda el puyazo de Miguel Ángel Muñoz al sexto; Muñoz, con un soberbio Ambel lidiando y clavando, fueron los subalternos justamente ovacionados por una plaza esquizofrénica que regala orejas o hace la vida imposible a algunos diestros.
El señor Muñoz Infante llegó pronto a la plaza, inspeccionó la Puerta Grande de Alcalá, engrasó goznes y cerrojos y sentenció: «déjenla ustedes abierta per saecula saeculorum. Yo me voy a mi sitio». Y su sitio era la presidencia donde había instalado un puesto de casquería, que no agotó, porque la tarde se torció con crueles altibajos. A mí, qué quieren que les diga, me sabe mal que Castella no haya salido a hombros por imponderables del destino: suyo fue el toreo más templado de la tarde y la faena más cuajada. Y también me sabe mal que, tras la empalagosa estética de su primero, un torillo que Muñoz Infante debiera haber incluido en su puesto de despojos, Manzanares saliera a pie. Ya puestos…¿Qué ve el 7 belicoso en Manzanares? No sé; quizá que se pasa el toro a distancias siderales, que se pone bonito de cintura para arriba mientras esconde la pierna y descarga la suerte. Algo así, pero ayer el 7 se tragó la segunda oreja de Talavante. O sea.

JULIO MIRAVALLS

Smart cities

En nuestra particular neolengua usamos el prefijo «smart» para decir que lo que sigue es moderno, guay y deseable: Smartphones, smart TV, smart cities... Cualquier cosa.
Será por eso que se ponen a la defensiva cuando te sientas a hablar de «smart cities» con la gente de Consultia, una empresa española que asesora en la materia al Banco Interamericano (BI). «Hay que ver qué suele entender la gente por smart city...», avisa Juan Pablo Palomares. «Seguramente nosotros no hablamos de lo mismo».
Quiere decir que los proyectos en los que se implican no reflejan oníricas imágenes de ciudades futuristas. Se trata de usar tecnología puntera para abordar el crecimiento desbocado de megápolis reales con porcentajes de aumento anual de población de dos dígitos. Según el Banco Mundial, en 2030 el 60% de la humanidad vivirá en urbes, pero según OCDE, en América del Sur ya se rebasa el 70%.
«En la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BI trabajamos para planificar y ordenar aspectos esenciales como el suelo, la disponibilidad de materiales, la energía, la distribución de la población, transporte público, suministros, retirada y tratamiento de residuos...», explica Palomares. «La tecnología nos permite actuar con mucha rapidez. Ya no hay que trazar planos sobre el terreno. Ahora podemos hacerlos por satélite, hay recursos para hacer un análisis histórico de la evolución del terreno y ver dónde están los problemas y las soluciones».
Son problemas que van desde la construcción descontrolada, «la gente pone su casa donde encuentra suelo vacío, donde sea», hasta la «vulnerabilidad» del terreno: «Si se construye en una ladera con pendiente pronunciada, sabemos que llegará una catástrofe, un deslizamiento, un alud de lodo», subraya su colega Rubén Cabal.
Se trata de controlar también contaminación y servicios clave. En México DF, con nueve millones de habitantes (tan efervescente que no hay quien complete un censo), el agua procedía siempre de acuíferos subterráneos, pero «si pones un montón de cemento y asfalto encima ya no es posible».
Cuando acometen un proyecto, los asesores de Consultia trabajan con los expertos del BI, con los gobiernos del país y de la ciudad (ahora están haciéndolo en Asunción, Paraguay) y con empresas especializadas en infraestructuras. Muchas de ellas españolas, como Elecnor, que también aporta los satélites de Deimos, la compañía de Pedro Duque. «Afortunadamente, hay crecimiento y hay recursos para actuar. Se pueden lanzar grandes proyectos con resultados visibles en un año. Con la tecnología actual se hace todo muy deprisa».
¿Y no es mejor hacerlo todo nuevo, desde cero, como en Brasilia? «Eso es tirar la toalla, dar por perdida la ciudad que tenemos».
Twitter: @juliomiravalls