CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID 26/01/2012 ESPAÑAEl Gobierno se reconcilia con sus votantes tras la subida de impuestos
Las modificaciones en el aborto, el CGPJ o la Ley del Menor cumplen su programa
A falta de pan, buenas son tortas. Así reza el refranero, y con su misma astucia ha actuado el Gobierno del PP, que, agobiado por la crisis y sus impopulares ajustes, se ha reconciliado con sus votantes gracias a las reformas judiciales anunciadas ayer por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y, anteayer, por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Cumplido un mes del hachazo propinado al bolsillo de la clase media con la subida del IRPF, el Ejecutivo de Rajoy ha resuelto volver a la letra del programa electoral para acometer unas medidas poco gravosas en términos económicos y más ligadas al compromiso de regeneración democrática que a los rigores de los Presupuestos Generales del Estado.
Los cambios anunciados en la Ley del Aborto y en la Ley del Menor; la implantación de la prisión permanente revisable, o la propia devolución a los jueces de la elección de sus 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, cayeron ayer como la primera prueba fehaciente de la mayoría absoluta del PP, de la que también dieron buena cuenta las críticas de la oposición por la «ruptura del consenso» en materia judicial.
Paradójicamente, el ministro que ha propiciado la referida reconciliación no ha sido un político tradicionalmente ligado a la derecha. Más bien al contrario, Ruiz-Gallardón ha arrastrado y arrastra una etiqueta de progresista y largos desencuentros con algunos medios -especialmente con el periodista Federico Jiménez Losantos- que ayer le aplaudieron, con abierto reconocimiento hacia las reformas anunciadas. Un aplauso que coincidió igualmente con la acusación de las Juventudes Socialistas de que se había pasado a la «derecha extrema
Un número importante de asociaciones judiciales y distintos colectivos profesionales se sumaron al aplauso. Pero la voz más satisfecha fue la de Antonio del Castillo, el padre de Marta, que calificó de «estupendo» el anuncio del ministro de Justicia en lo que atañe al endurecimiento de las penas, con la cadena permanente revisable, y a la decisión de juzgar a la vez a adultos y menores -cada uno según su propia ley- en casos como el vivido en Sevilla, con El Cuco y Miguel Carcaño. Símbolo de la sensibilidad más populista en la opinión pública, el padre de la niña asesinada aseguró que ambos anuncios son «de las poquitas cosas» que le han hecho «sentir feliz y sonreír un poco en los últimos tiempos», según informa Europa Press.
«Los últimos tres años de lucha, de manifestaciones y de recogida de firmas han dado, por fin, sus frutos», dijo, porque «por fin un ministro escucha la voz del pueblo y de la sociedad en general».
«Se suele decir que los políticos prometen y prometen y luego si te he visto no me acuerdo, pero en este caso no ha sido así; el PP ha demostrado que se puede
confiar en ellos tras estar tres años al lado de las familias de las víctimas», apostilló Antonio del Castillo.
En la misma línea, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña asesinada en enero de 2008 por el pederasta Santiago del Valle, aplaudió «la valentía» y el «acierto» de la reforma anunciada, según informa Efe. Cortés, que lleva más de un año colaborando con el PP, se declaró satisfecho en su lucha de cuatro años por una «Justicia justa» tras la muerte de su hija, «cuando nadie hablaba de cadena perpetua». A su juicio, el mensaje más importante que ha trasladado el Gobierno popular es que a partir de ahora «sepamos que si alguien hace algo lo va a pagar en España».
MARÍA PERAL MADRID 26/01/2012 ESPAÑA«Seré beligerante contra la corrupción venga de donde venga»
Torres-Dulce recibe el plácet de todos los grupos del Congreso para ser fiscal general
El futuro fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso que aplicará una «beligerancia absoluta» -«tolerancia cero», dijo en otro momento- «con todo caso de corrupción, venga de donde venga».
Torres-Dulce, fiscal de Sala, recibió el plácet de todos los grupos del Congreso para dirigir el Ministerio Público durante esta legislatura.
Propuesto para el cargo por el Gobierno después de que aceptara el ofrecimiento que le hizo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo General del Poder Judicial informó a favor de su designación en términos muy elogiosos que ayer se repitieron en el Congreso por parte de todos los portavoces.
El del Grupo Socialista, Julio Villarrubia, manifestó que «sin género de dudas» Torres-Dulce «cumple más que sobradamente las condiciones de mérito e idoneidad» para ser fiscal general. «Encontrará en el Grupo Socialista respeto, no insultos ni descalificaciones, al contrario de lo que le pasó a su antecesor», dijo en referencia al trato de los populares a Cándido Conde-Pumpido.
Villarrubia anunció al futuro fiscal general que los casos de corrupción serán para su grupo «uno de los temas más importantes». Torres-Dulce respondió que dará una respuesta «beligerante» a todo casos de corrupción «venga de donde venga».
«El daño que la corrupción está produciendo a las instituciones es tan grande que cualquier esfuerzo que no se haga en este terreno por parte de jueces y fiscales sería criminal», señaló.
Añadió que «ello no es incompatible con el rigor procesal y la defensa más escrupulosa de todos los participantes en el proceso. El Ministerio Fiscal no puede, so pretexto de luchar contra la corrupción, abandonar la imparcialidad, que es absolutamente inexcusable».
Torres-Dulce reclamó para la Fiscalía la facultad de proponer al Gobierno las partidas presupuestarias singularizadas que precisa para su funcionamiento, pidió poder determinar los contenidos de la formación de los fiscales, anunció un «mayor papel» para el Consejo Fiscal -sin precisar en qué consistirá su reforzamiento- y se comprometió a impulsar un nuevo Libro Blanco para hacer un «examen crítico» de la situación de la institución, para lo que solicitará la participación de la carrera, revitalizando las juntas de fiscales.
Afirmó que es «urgente e imprescindible» la reforma del proceso penal para dar «un papel preponderante al fiscal en la fase de instrucción».
A este respecto, se mostró partidario de que el fiscal asuma la investigación de los delitos siempre que se den unas «referencias» de «calidad procesal». «La posible atribución de funciones investigadoras al Ministerio Fiscal debería implicar un reforzamiento de su autonomía estatutaria y la adscripción de policías y peritos con dependencia exclusiva», evitando «inquisiciones generales» y con garantías de la igualdad de armas entre las partes.
Torres-Dulce recordó que su mandato tiene «fecha de caducidad» (terminará cuando cese el Gobierno que le ha propuesto), «lo que significa que no tengo más horizonte que trabajar por la satisfacción del interés general, por que el Ministerio Fiscal avance en su autonomía, sea responsable, sea capaz de responder a las demandas sociales y asegurar el valor constitucional justicia». Se lo dijo, con otras palabras, la portavoz de UPyD, Rosa Díez: «Ojalá cuando termine su mandato podamos decir que hemos tenido un fiscal general del Estado, no un fiscal general del Gobierno».
MARÍA PERAL MADRID 26/01/2012 ESPAÑAGallardón anuncia la contrarreforma del modelo de Justicia del PSOE
Sólo UPyD apoya cambiar la elección del CGPJ, que los demás creen «una involución»
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en su primera comparecencia en el Congreso que anulará la elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la Magistratura, implantará la pena de prisión permanente revisable, cambiará la Ley del Aborto, modificará la normativa penal del menor y reintroducirá el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Toda una contrarreforma al modelo de Justicia del PSOE que sólo tuvo el apoyo de UPyD, fue recibida como una declaración de guerra por los socialistas y rechazada por IU y PNV.
El programa de Ruiz-Gallardón incluye otras medidas como el aumento de las tasas judiciales para poner coto al «abuso» en el acceso a los órganos judiciales.
También defendió la introducción en el Código Penal de un delito que sancione las «negligencias más graves» en la gestión de las finanzas públicas y dejó en el aire qué modelo de proceso penal pretende implantar al señalar, de forma confusa, que «se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor».
«No podemos seguir con la imagen de politización de la Justicia en España», dijo Ruiz-Gallardón para justificar la reforma del sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deben ser jueces o magistrados.
El titular de Justicia -que no aludió en ningún momento al cambio en la duración del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, anunciado el día anterior por la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría- se mostró convencido de que la elección por y entre los jueces de los vocales del CGPJ que han de pertenecer a la carrera responde al «espíritu de la Constitución» y aumentará la «confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia».
El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, consideró esa reforma como un «ataque frontal a la soberanía popular» y previno al responsable de Justicia: «No es bueno que de forma unilateral entren como elefante en cacharrería. Mal empiezan si buscan consensos rompiendo el consenso».
Gaspar Llamazares (IU) dijo que la devolución a la carrera judicial de la elección de 12 de los vocales del CGPJ «no es una solución, es una involución» y Emilio Olabarría (PNV) advirtió de su «probable inconstitucionalidad» por «sustraer al pueblo su legitimidad originaria como detentador de la Justicia». Ni siquiera CiU mostró entusiasmo. «No es la fórmula de elección lo que está mal, sino la incapacidad que han mostrado reiteradamente PP y PSOE para ponerse de acuerdo», manifestó su portavoz, Mercé Pigem.
Sólo la representante de UPyD, Rosa Díez, aplaudió la iniciativa, aunque a la vista del programa de su formación -que, lejos de reservar la elección de los vocales judiciales a la Magistratura, propugna la intervención de secretarios judiciales, fiscales y abogados- es posible que la fórmula del PP no coincida con sus expectativas. Díez no apoyó, en cambio, el aumento de las tasas judiciales porque «no es una solución».
Ruiz-Gallardón consideró que existe un «exceso de litigiosidad» y un «abuso en el acceso a los órganos judiciales» que obliga a «acotar» los conflictos que deben ser resueltos por los jueces, de manera que si el ciudadano no se conforma con la respuesta que ha obtenido en la primera instancia y quiere recurrir, deberá correr con los gastos del proceso a partir de ese momento. En el caso de que los recursos prosperen, se reintegrarán las tasas.
La jurisdicción penal se mantendrá exenta de tasas y tampoco las pagarán quienes acrediten carecer de medios económicos, aunque se revisarán los requisitos para verificar esa carencia.
Respecto a la prisión permanente revisable, el ministro negó que sea una cadena perpetua. «Es lo contrario», dijo. «Será la rehabilitación, que es el fin constitucional de la pena, la que determine la excarcelación, no el mero cumplimiento de los años de condena, que es lo que ha permitido que delincuentes que rotundamente no están rehabilitados sean excarcelados y vuelvan a delinquir».
Ruiz-Gallardón dijo estar convencido de la constitucionalidad de esta «nueva pena, que no es una prolongación de la estancia en la cárcel». Su aplicación será «excepcional», en «supuestos muy restringidos y para casos de máximo reproche social».
La legislación de menores será modificada para investigar y juzgar en el mismo proceso a los implicados que sean mayores y menores de edad, aunque a estos últimos se les aplique su singular normativa en todo lo demás.
También se revisará la Ley del Aborto aprobada por el PSOE en 2010 -objeto de un recurso de inconstitucionalidad de los populares pendiente de resolver- para exigir el consentimiento paterno cuando menores de edad quieran abortar y para adaptar la regulación de esta práctica a la doctrina del Tribunal Constitucional en términos que Ruiz-Gallardón no precisó.
>'Y llegó Gallardón', por Rafael Moyano.
26/01/2012 ESPAÑALos etarras y sus indultos
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer en el Congreso la 'doctrina Parot', referida al cumplimiento de las penas y que aumenta la estancia en prisión de los presos de la banda terrorista ETA. «Ojalá se convierta en definitiva», manifestó.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Gallardón contestó preguntas del PNV y de Geroa Bai sobre la situación de los presos etarras tras el anuncio del fin de los atentados. Recordó que la citada doctrina está siendo estudiada por el Constitucional, pero esto no le impidió opinar que el Supremo «acierta» al establecer que la reducción de penas por beneficios penitenciarios debe aplicarse por cada una de las condenas y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.
El ministro advirtió, también en materia penitenciaria, que «no se va a aplicar ningún tipo de excepción a la legislación que se aplique a todos los ciudadanos». En esta línea, remarcó que «la amnistía no cabe en nuestra Constitución en la que los indultos generales están expresamente prohibidos» y manifestó que «cualquier indulto con carácter individual está sujeto a unos requisitos» y a unas «reglas estrictas».
Por este motivo, remarcó que están «equivocados» quienes piensan que los terroristas «van a poder beneficiarse automáticamente» de un indulto por el hecho de que ETA haya dejado de matar.
Sin embargo, no los descartó. Añadió, que, en su caso, se examinarán las circunstancias de cada recluso y si existe «la petición individualizada de perdón y el ánimo de reparación de las víctimas». Apuntó, en cualquier caso, que éstas serán escuchadas «previamente».
JOAQUÍN MANSO MADRID 26/01/2012ESPAÑALas menores no podrán abortar solas y se vuelve al modelo de 1985
Otra vez, la cuestión del aborto en el centro del debate público. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer una reforma de la que no se dieron muchos detalles, pero que significa en lo sustancial la vuelta a la ley que aprobó el PSOE en 1985 después de que su propio padre, José María Ruiz-Gallardón, la recurriese en nombre de Alianza Popular ante el Constitucional, que la mantuvo intacta en su espíritu y en sus aspectos esenciales, pero con la precisión de que «los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus».
La actual ley, de 2010, despenaliza totalmente la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14ª y está pendiente de la resolución de dos recursos ante el Tribunal Constitucional, del PP y del Gobierno navarro. Su reglamento permite que las menores de 16 o 17 años aborten sin conocimiento de sus padres si alegan que la decisión puede suponerles un conflicto familiar grave.
El ministro se comprometió ayer de manera expresa a eliminar esa posibilidad, como ya adelantaba el programa electoral del PP: «Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en España, que fue aprobada sin consenso, con la opinión desfavorable de los órganos consultivos», dijo, y afirmó que tomaría como punto de partida la doctrina que estableció el Constitucional.
La ley de 1985 despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, sin límite temporal; violación, siempre que se practicase dentro de las 12 primeras semanas, y malformaciones en el feto, dentro de las 22 primeras semanas.
M. MARRACO MADRID 26/01/2012 ESPAÑAInvestigación y juicio conjunto para menores y mayores
No volveremos a un Cuco o a un Gitanillo en juicios independientes a los de Marta del Castillo o el 11-M. No pasará porque una reforma de Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor establecerá que, en los casos de delitos graves, tanto las investigaciones como los juicios que incluyan a menores y mayores se hagan de manera conjunta. Sólo al final se aplicará a cada uno su ley, al mayor el Código Penal y al menor la Ley del Menor.
Ruiz-Gallardón justificó la reforma de una ley que el propio PP puso en marcha en 2000 por el hecho de que «hay una sensación de que la ley orgánica no da respuesta suficiente a muchos problemas». Ayer el padre de Marta del Castillo se tomó el anuncio como un triunfo: «Estos tres años de lucha están dando sus frutos», dijo.
En su exposición de motivos, la ley actual indica que la guía de toda la regulación es «el superior interés del menor». Ante la posibilidad de que puedan desaparecer algunas garantías, Gallardón afirmó que no habrá «merma alguna» en los derechos de los menores.
El anuncio dividió a las asociaciones judiciales. A favor, la mayoritaria y conservadora APM vaticinó el fin de las sentencias «contradictorias» que se producen cuando se celebran juicios por separado. Desde la progresista JpD advirtieron, por contra, que «podría resultar que perjudicara o fuera más dura para el menor». Finalmente, desde Francisco de Vitoria previeron «dificultades técnicas procesales importantes» para su implantación.
Gallardón no hizo referencia a puntos tan polémicos como la variación -por arriba o por abajo- de la edad penal. La ley actual afecta a quienes tienen entre 14 y 18 años.
M. M. MADRID 26/01/2012 ESPAÑAHabrá «prisión permanente revisable» para casos extremos
Ya está en marcha la enésima reforma del Código Penal de 1995. Esta vez se trata de un único cambio, pero de calado: la instauración de una nueva pena denominada «de prisión permanente revisable». El ministro explicó que esa nueva pena se aplicará «en supuestos muy restrictivos» y para casos «que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social». Y añadió que el fin último de la iniciativa es evitar que delincuentes no rehabilitados vuelvan a delinquir.
La medida siempre ha suscitado dudas de inconstitucionalidad. La Carta Magna no prohíbe expresamente la cadena perpetua, pero sí establece que «las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción». El ministro precisó que la prisión permanente revisable cumple con ese artículo, ya que la duración de la pena estará condicionada a que esos objetivos de reeducación y reinserción se hayan alcanzado. Gallardón se detuvo en esos razonamientos, ya que ése fue el aspecto que más reproches recogió de otros grupos políticos. El ministro se defendió subrayando que «el concepto es contradictorio con la cadena perpetua, porque lo perpetuo no es revisable». Y tras esas disquisiciones casi escolásticas, quiso concluir de manera más concisa: «De cadena perpetua, nada».
La «prisión permanente revisable» figuraba en el programa electoral del PP junto a otras reformas penales, todas encaminadas a un endurecimiento de las penas. Y no es que el Código Penal vigente sea blando: admite hasta 40 años de cumplimiento efectivo cuando se condene por varios delitos gravísimos, entre ellos los de terrorismo.
. M. MADRID
26/01/2012 ESPAÑAEl que recurra en segunda instancia asumirá el coste del proceso
Nadie podrá interponer un recurso en las jurisdicciones civil, social o de lo contencioso-administrativo sin que le cueste dinero. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que, para combatir «el exceso de litigiosidad» y «el abuso en el acceso a los órganos judiciales» y para «ahorrar costes no necesarios», implantará un sistema de tasas que obligará a las partes que decidan recurrir una decisión judicial a asumir los costes del proceso a partir de esa segunda instancia. En realidad, ya desde 2009 es obligatorio formalizar un depósito en esos casos.
Gallardón matizó que esas tasas se devolverán a las partes cuyos recursos prosperen y excluyó de manera expresa la jurisdicción penal, «por su consideración especial», y a «aquellas personas que realmente carezcan de recursos para litigar». No obstante, advirtió de que impondrá «algunas correcciones para evitar abusos» en el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Según el ministro, los actuales presupuestos prevén unos ingresos por esta partida de 172 millones de euros, pero esa cantidad se verá incrementada sustancialmente con la entrada en vigor del modelo que él propone, del que defendió que «en modo alguno» perjudica el derecho a la tutela judicial efectiva.
Algunas asociaciones de jueces, como la Francisco de Vitoria, defendieron la implantación de esa tasa incluso para litigar en primera instancia. Jueces para la Democracia se opone.
LA COMISIÓN EUROPEA lanzó ayer un claro mensaje al Gobierno de Rajoy: un portavoz señaló en Bruselas que España tiene que cumplir con el 4,4% de déficit al que se comprometió en el Plan de Estabilidad. La declaración del portavoz de la Comisión se producía casi al mismo tiempo que la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso. Montoro subrayó que «está claro» que la UE va a aceptar que España pueda superar ese 4,4%, dadas las previsiones negativas de crecimiento y teniendo en cuenta que las cifras del déficit del año pasado van a estar por encima del 8%.
